Un grupo diverso de profesionales de la salud denunció la alarmante crisis de muertes por sobredosis por fentanilo en las cárceles de Puerto Rico, situación que dijeron revela una falla sistémica en el manejo de la salud mental y la adicción dentro del sistema penitenciario.
“La proliferación del fentanilo en las cárceles ha transformado una crisis de salud pública en una crisis humanitaria”, afirmó el doctor Salvador Santiago-Negrón, psicólogo y ex-administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). “Es imperativo que abandonemos el paradigma punitivo y adoptemos un enfoque basado en la salud pública, que priorice el tratamiento y la prevención”, planteó.
Los expertos coinciden en que el modelo actual de encarcelamiento, enfocado en el castigo, ha fracasado en abordar la raíz del problema. La prohibición de drogas no solo ha fomentado la corrupción y la violencia dentro de las cárceles, sino que también ha perpetuado un ciclo de encarcelamiento y reincidencia. “Estas muertes son prevenibles, es importante insistir en el uso de naloxona en el manejo de las sobredosis. Además, hay que ofrecerle tratamiento con agonistas opiáceos (buprenorfina o metadona) a la persona para evitar futuros eventos”, aclaró doctor Ángel González, especialista en Medicina de Adicción.
La semana pasada, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo en el programa Primera Pregunta que favorece la despenalización de las drogas para atender de forma salubrista la crisis de fentanilo, entre otras drogas.
Precisamente, este grupo de profesionales de la salud exigen al gobierno de Puerto Rico que implemente programas de tratamiento con medicamentos efectivos para la adicción a los opioides “En vista de la crisis de muertes por sobredosis en las cárceles de Puerto Rico, nos hemos organizado para lograr que el Gobierno atienda esta situación de manera efectiva. Recientemente le enviamos carta a Physician Correctional solicitando oportunidad de una reunión para explorar cómo podemos apoyar los esfuerzos para expansión de tratamiento con medicamentos”, expresó Cristina I. Fernández Hernández, portavoz de Recinto pa la Calle, organización estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas.
Por otro lado, la doctora Carmen Albizu, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública, subrayó que “los programas de tratamiento efectivos pueden reducir significativamente la actividad criminal relacionada con el tráfico de drogas. Es hora de reconocer que la adicción es una enfermedad crónica y de ofrecer los servicios necesarios para tratarla”.
El 70% de la población carcelaria eventualmente saldrá a la libre comunidad, ya sea porque terminó su sentencia o está sumariado y se determinó no causa. Los confinados muchas veces recurren a las drogas para lidiar con el estrés, la ansiedad y las condiciones difíciles dentro de las instituciones carcelarias. “La cárcel no debería ser una sentencia de muerte”, afirmó Ángel Ocasio Gracia, portavoz de El Círculo de la Mariposa. “Es hora de adoptar un enfoque humano y compasivo hacia las personas que enfrentan problemas de adicción”.
Además, la doctora Sandra Ramos López, Catedrática de Criminología y directora del Centro de Aprendizaje en Servicio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico expreso que “la pena de muerte fue abolida en 1929, pero permitir las muertes por uso problemático de opiáceos cuando tenemos tratamiento para revertir sobredosis puede ser considerado como “indiferencia deliberada”.
Las muertes por sobredosis en las cárceles son un problema de salud pública que requiere una solución integral. Es importante que el Gobierno genere estadística confiable para entender la magnitud del problema. La Dra. Débora Upegui-Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico explicó, “El problema de las muertes por sobredosis dentro y fuera de las cárceles de Puerto Rico no es solo un problema de varones; las mujeres también están muriendo por sobredosis, pero no nos enteramos porque el gobierno consistentemente invisibiliza la situación de las mujeres al no desagregar las estadísticas por género.”
El colectivo sugiere que este tema de alta importancia entre en la agenda política de los candidatos a puestos electivos en las próximas elecciones de 2024 como parte de un programa para atender las necesidades particulares de la población confinada. La guerra contra las drogas no debe ser una guerra contra la salud.