El informe de la Comisión Especial asignada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para realizar un estudio y análisis de los contratos de LUMA Energy y GeneraPR, concluyó que ambos contratos son nulos.
El informe de la Comisión Especial, encomendado por la presidenta del Colegio, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, indica que el contrato de LUMA Energy es nulo por incumplir los principios de buena fe y reciprocidad.
“El contrato de LUMA fue firmado el 22 de junio de 2020 en un contexto de crisis financiera de la AEE, lo que permitió que Luma no invirtiera en infraestructura deteriorada y subsidiara sus gastos operativos. Este desequilibrio evidencia la falta de causa lícita, obligando a las partes a regresar al estado anterior a la firma del contrato”, plantea el informe.
Sobre el contrato de GeneraPR, el hallazgo principal es que el mismo es nulo “por establecer un monopolio privado en la generación de energía, controlando aproximadamente el 70% de la capacidad de producción energética del país. Esto infringe las disposiciones de la Ley 120 y la Ley 17, confirmando la ilegalidad del contrato y obligando a las partes a retornar al estado anterior”.
“Primero, debo agradecer la dedicación, el tiempo y el esfuerzo de quienes integran la Comisión Especial, que tras un arduo trabajo nos han brindado luz sobre la oscuridad de ambos contratos. Emplazamos al gobierno -al de turno y al que resulte electo-, a que evalúe seriamente llevar una causa de acción legal para que se declaren nulos ambos contratos, o al menos para rescindirlos, apoyado en los hallazgos de este panel experto”, expresó la licenciada Godineaux.
El informe señala que desde que LUMA Energy, un consorcio formado por ATCO Ltd., Innovative Emergency Management, y Quanta Services Inc., asumió el control de la distribución de energía, la situación ha empeorado, evidenciándose en constantes apagones y una creciente falta de transparencia, lo que ha intensificado las críticas y protestas por parte de la ciudadanía.
Por su parte, Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy Inc., surgió de una fusión con Encanto Power LLC y enfrenta serios desafíos financieros, según el informe. El contrato, firmado el 24 de enero de 2023, tuvo el objetivo de estabilizar las operaciones de las plantas hasta tanto se logren las metas de energía renovable. “Sin embargo, el propósito del contrato está muy lejos de ser logrado, primero porque depende de subcontrataciones y, segundo, por el conflicto de interés de GeneraPR y sus vínculos al gas natural, que no es una energía renovable”.
Sobre el proceso de licitación de Genera PR, el informe concluye que el contrato es defectuoso porque fue otorgado a una corporación que no cumplió con los requisitos de la Ley 29 y el Reglamento 9078. “GeneraPR no contaba con la experiencia necesaria para asumir la responsabilidad del contrato, constituyendo un uso irresponsable de fondos públicos”.
“El Código Civil, tanto el anterior como el que rige desde el 28 de noviembre de 2020, es claro al establecer que un contrato se forma con el consentimiento de las partes sobre un objeto lícito y determinado. Estamos ante dos contratos posiblemente nulos porque carecen de elementos esenciales para la contratación y contravienen principios legales de primer orden,” explicó Godineaux.
“Por otra parte, la contratación con el gobierno se rige por normas estrictas, en aras de proteger los fondos públicos y la transparencia. Además, la política pública energética busca establecer un sistema eléctrico confiable y eficiente, supervisado por el Negociado de Energía, y no tenemos ni un sistema confiable ni una supervisión efectiva”, subrayó.
El Informe reconoce que la opción legal de litigar la nulidad de los contratos puede ser técnica, larga y costosa; y de triunfar equivaldría a establecer un proceso de transición por la vía judicial. De manera alternativa, indica el informe, los contratos pueden resolverse de acuerdo con sus propios términos, permitiendo la notificación por incumplimientos contractuales y dar plazos para su remediación, lo que podría llevar a un proceso de resolución de disputas. Ambas opciones legales están disponibles.