La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó pedidos por parte de la Administración de Terrenos y del Departamento de Seguridad Pública (DSP) en representación del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1 para otorgar a sus empleados una serie de bonificaciones relacionadas a la culminación de las negociaciones para sus respectivos convenios colectivos.
El el caso del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, el secretario del DSP, Alexis Torres, dirigió una carta en pasado mes de abril a la JSF en la que solicitaba la aprobación del Convenio Colectivo entre esa agencia y la CWA Local 3010.
El convenio dispone varias bonificaciones a 89 empleados unionados, incluyendo un bono de ratificación de $1,500 -que suma un total de $133,500-, así como un bono recurrente por asistencia de entre $200 y $500 -que totalizan alrededor de $106,900– y un bono recurrente de verano de $800. Este último suma unos $71,200.
En una carta dirigida a Torres con fecha del 25 de junio de 2024, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr., expresa que la Reforma de Servicio Público establecida en el Plan Fiscal para Puerto Rico, requiere que pagos y bonos más allá de salarios base estén basados en la evaluación de las destrezas, competencias y desempeños de los empleados “para permitir una verdadera transformación del servicio público”.
“Las bonificaciones incluidas en el convenio no están basadas en evaluaciones de empleados o métricas de desempeño y no están alineadas con el Plan Uniforme de Clasificación y Renumeración del Gobierno Central. En consecuencia, la Junta de Supervisión deniega el pedido”, lee la carta de Mujica al secretario del DSP.
El director ejecutivo de la JSP le recuerda a Torres que su agencia está en la obligación de premiar o reconocer solo aquellos empleados que exhiban una alta capacidad en sus respectivos roles y muestren desarrollo de habilidades. Añade que la Reforma de Servicio Público establece el desarrollo de sistema de evaluación de empleados y que estos permiten a los supervisores reconocer y premiar estándares de desempeño altos, identificar áreas a mejorar y promover el compromiso con el trabajo.
Mujica destacó que como resultado de la implementación del Plan Uniforme de Clasificación y Renumeración del Gobierno Central en 2023, 134 empleados del DSP, incluyendo 82 trabajadores unionados, recibieron aumentos salariales de entre $170 y $842 mensuales durante el año fiscal actual y que una segunda fase de ajustes salariales será implementado este mes.
Una carta similar recibió el director interino de la Administración de Terrenos, Héctor E. Rivera, quien solicitó autorización a la JSF para pagar a sus empleados unionados la cantidad de $4,800 para “finalizar el proceso de convenio colectivo con la Unión Independiente de Empleados de la Administración de Terrenos”. El costo total del incentivo alcanza $102,000.
Rivera solicitó igualmente otorgar al personal gerencial y de confianza un incentivo de $4,800, para un total de $133,000. El director interino pretendía pagar ese dinero con fondos que estaban destinados a pagar salarios de plazas vacantes que no han sido ocupadas.
El director ejecutivo de la JSF, le planteó a Rivera, igual que al secretario del DSP, que los bonos solicitados no están basados en una evaluación del desempeño de los empleados, por lo que los mismos no proceden.