Ramón (nombre ficticio) recibe el Seguro por Incapacidad del Seguro Social por una enfermedad catastrófica que lo condujo a un diagnóstico de depresión y ansiedad. Para ello, aún toma medicamentos y recibe terapia vía telefónica cada dos meses. En medio de este diagnóstico, logró obtener su licencia de armas bajo la Ley 168, o Ley de Armas de 2020.
“Aunque sé que no estoy capacitado para tenerla, me la aprobaron sin realizarme ninguna evaluación médica, y aún estando incapacitado por el Seguro Social”, reconoció Ramón. “Yo solicité esta licencia de armas para mi protección”.
Aunque se exige un certificado de antecedentes penales para la otorgación de licencias de armas de fuego en Puerto Rico, la solicitud no exige una revisión exhaustiva del estado de la salud mental del solicitante.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 9% de la población tiene algún problema de salud mental. En Puerto Rico, existe un aumento en las condiciones de salud mental, potenciado por fenómenos atmosféricos, terremotos, pandemia y otras situaciones, según profesionales de la salud.
Con la aprobación de la Ley de Armas que entró en vigor en 2020, se redujeron los requisitos básicos para obtener una licencia. Sobre la salud mental, la solicitud se limita a una pregunta con respuesta “sí” o “no”: “¿Ha sido declarado incapaz mental por un Tribunal con jurisdicción?”. Independientemente de la respuesta, no se requiere al solicitante un certificado que lo confirme.
Según el teniente Johnny Acevedo Román, director de la Oficina de Registro de Armas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, “es bien difícil saber” si el solicitante padece de una condición mental. “La única manera de enterarnos que esta persona padece de sus facultades mentales es cuando un familiar o persona allegada a este individuo informa que ha sido certificado con dicha condición y teme por su seguridad. De lo contrario, nosotros no hacemos una investigación en el Departamento de Salud por la Ley HIPAA”, añadió.
La antigua ley exigía presentar referencias de carácter, lo que conducía a que las autoridades entrevistaran a vecinos y allegados, pero eso se eliminó. También, unió, en un solo permiso, la posesión y la portación de armas, que antes eran dos licencias con solicitudes separadas.
“No tenemos datos que certifiquen cuántas personas con condiciones de salud mental se les ha revocado (o denegado) su licencia, incluso cuántas de estas aún tienen su portación”, admitió Acevedo Román.
Datos brindados por la División del Reglamento y Expedición de de licencias reflejan que, entre el 1 de junio y el 17 de agosto de este año, se aprobaron 209,694 licencias y 1,453 quedaban pendientes al momento de la entrevista. Ninguna había sido revocada, y, en caso de que fueran revocadas, no se documenta la razón.
Acevedo Román no quiso responder más preguntas referentes a estas condiciones, ya que indicó que los datos son hasta el pasado mes de agosto.
La responsabilidad del gobierno de Puerto Rico en la salud mental
En entrevista con el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas (CODEPOLA), Ariel Torres, este informó que fue partícipe en la redacción de la nueva Ley de Armas junto con el entonces presidente del senado Thomas Rivera Schatz. Explicó que es una tarea muy difícil el poder dar con la cifra exacta de personas con diagnósticos mentales y que actualmente portan un arma de fuego.
“Es imposible saber quién tiene un diagnóstico de discapacidad mental y que tenga la intención de cometer un delito. En CODEPOLA responsablemente orientamos al ciudadano de cómo defenderse de cualquier tipo de ataque con cualquier mecanismo de defensa que tenga a su alcance”, indicó Torres.
El proponer alguna solución para este proceso corresponde al estado y, de no saber que tiene condiciones de salud mental, tiene derecho a obtener su licencia de armas, conforme al presidente de CODEPOLA.
“Pienso que es una falta de compromiso de los profesionales de la salud. Si ellos hubieran sido parte del proceso que rechazaron, estoy seguro tuvieran esas estadísticas. Claro, hay que leer e instruirse. Hay muchas leyes federales y estatales que cobijan al ciudadano. El tema de salud mental es muy delicado y, por tal razón, además de proteger sus licencias, que lo entendemos, fue una de las razones por la cual no fueron parte del proceso”, concluyó Torres.
Marco legal actual
La relación entre el control de las armas, la salud mental y el marco legal en Puerto Rico es un tema complejo que une diferentes aspectos sociales, legales y de salud pública. La falta de un enfoque más riguroso en este proyecto de armas ha llevado a llamados para mejorar la evaluación de la salud mental en el contexto de la concesión de licencias de armas. En Puerto Rico, la legislación sobre la posesión de armas ha sido objeto de debate.
El abogado criminal federal Harris William Maysonet confirmó que la ley de armas actualmente está mucho más abierta que antes.
“Esta nueva Ley de Armas es mucho más flexible; solo investigan federalmente, pero en lo que llevo de mi carrera, nunca he visto que investiguen condiciones de salud mental. Lo mismo que pasa en Puerto Rico pasa en Estados Unidos, no hay ningún tipo de control en estos casos”, explicó el abogado en entrevista.
Maysonet indicó que no han tenido casos similares con alguna condición de salud mental. “Hemos tenido casos por Ley 54 y violaciones. De surgir algún caso con condición de salud mental, tiene que haber apelación; buscar un médico, un perito médico psiquiatra que certifique que está en condiciones perfectas o inhumanas. Pero realmente las personas no lo hacen, eso conlleva mucho dinero”, dijo.
La psiquiatría y su papel en la salud
Los profesionales de psiquiatría en la isla desempeñan un papel crucial en el abordaje de dichos problemas. A pesar de esto, hay un creciente interés en promover la salud mental y el bienestar.
Un filtro de salud mental inadecuado ha llevado a estos expertos a implementar evaluaciones más exhaustivas.
“El sistema de salud mental en Puerto Rico está muy mal, pero APS, la clínica, es un desastre. Los pacientes no son tratados ni manejados adecuadamente. La salud mental, en Puerto Rico, está bastante mala y eso gracias a APS”, opinó el psiquiatra general de adultos y niños Miguel Rivera Sanabria.
Asimismo, Rivera Sanabria recalcó que quien desee tener una licencia de armas debería tratarse con especialistas de salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo clínico. La conducta y el comportamiento bajo situaciones de estrés o alarmantes, más el consumo de alcohol, pueden ser preocupantes, y más aún si la persona tiene un arma de fuego.
“Si quieren autojustificarse el no denegar una licencia de armas por la Ley HIPAA, yo considero que eso es ridículo, es contraproducente para ellos, definitivamente es una excusa”, sostuvo Rivera Sanabria.
Esto significa que individuos con problemas serios, como trastornos de ansiedad y depresión, podrían obtener una licencia de armas. Dicha situación se agrava a tal punto que la violencia armada es una preocupación creciente.