La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) San Juan investigó una conspiración fatal de contrabando de personas en Puerto Rico que llevó a la condena de un ciudadano dominicano a nueve años de prisión y tres años de libertad supervisada.
Rebecca González-Ramos, Agente Especial a Cargo de HSI San Juan dijo: “HSI se mantiene firme en nuestro compromiso de defender la justicia y proteger a los vulnerables. Los traficantes de personas no tienen ningún respeto por las vidas humanas, ninguno; para ellos, es un negocio de dinero. Es importante que los no ciudadanos comprendan que los viajes de contrabando representan un riesgo de muerte, no vale la pena la pérdida de la vida de nadie. Esta sentencia sirve para recordar a las organizaciones criminales que las fuerzas del orden están unidas en la lucha contra estas acciones inhumanas para garantizar que no se pierdan más vidas por la codicia y la criminalidad”.
Alcibades De Paz, de 34 años, era una de las personas al timón de una embarcación que transportaba no ciudadanos, entre ellos un niño de tres años, desde la República Dominicana a Puerto Rico. El acusado manejaba la embarcación durante la operación de contrabando de personas.
Cuando la embarcación dejó de funcionar, el acusado ayudó a arrancar el motor y mantuvo el acelerador del motor fuera de borda hacia la costa de Rincón, Puerto Rico, mientras evadía los intentos de las fuerzas del orden de interceptarlos de manera segura. El 23 de diciembre de 2022, la embarcación se volcó al llegar a la costa, lo que provocó la muerte de un niño de tres años que era parte de la travesía ilegal a los Estados Unidos.
El 27 de agosto, De Paz se declaró culpable de un cargo de contrabando de determinados no ciudadanos en Estados Unidos con resultado de muerte.
La Principal Vicefiscal General Adjunta, Nicole M. Argentieri, Jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow; y la Agente Especial a Cargo de HSI San Juan, Rebecca Gonzalez-Ramos, hicieron el anuncio.
HSI San Juan investigó este caso, con la asistencia de las Fuerzas Conjuntas de Acción Rápida del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Sector Ramey.
La Fiscal Marie Zisa de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y la Fiscal Federal Adjunta Emelina M. Agrait-Barreto del Distrito de Puerto Rico procesaron el caso.
La investigación se llevó a cabo como parte del programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una asociación entre la División Penal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT se centra en las redes de tráfico de seres humanos que pueden presentar riesgos particulares para la seguridad nacional o la seguridad pública, o plantear graves problemas humanitarios. El ECT dispone de recursos específicos de investigación, inteligencia y enjuiciamiento. El ECT coordina y recibe asistencia de otros organismos gubernamentales estadounidenses y de autoridades policiales extranjeras.
Se exhorta al público con información sobre actividad criminal en su comunidad a comunicarse con el Centro de Comunicaciones de HSI San Juan al 787-729-6969