La procuradora interina de la mujer, Madeline Bermúdez Sanabria, confirmó que le solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) un informe para conocer el estatus de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (JRPRRPA) o Desvío, como parte del proceso de transición gubernamental. No obstante, aún no han obtenido respuesta de la agencia.
“Nosotros enviamos una comunicación a la secretaría de Corrección (Ana Escobar Pabón) solicitándole el informe como parte de la transición, de en qué estatus estamos ya con los programas que estaban porque su certificación venciera”, expresó Bermúdez Sanabria en entrevista el segmento digital “Metro al Mediodía”.
La procuradora interina de la mujer explicó que la información requerida brindará luz sobre la efectividad de los programas y corroborará si las certificaciones están actualizadas.
“Para nosotros es muy importante, número uno, que la certificación esté al día. Número dos, que estén cumpliendo con ese nuevo reglamento. Y número tres, algo que habíamos solicitado desde la oficina, que tuviéramos las métricas por parte de estos programas de cuán efectivos están siendo”, detalló Bermúdez Sanabria.
Desde inicios de año se ha cuestionado la efectividad de los centros de reeducación y rehabilitación para personas agresoras en casos penales de Ley 54, “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”. La meta debería ser “reeducar y readiestrar a las personas agresoras de violencia doméstica”. Por lo que, los participantes que completan los programas, eliminan la convicción de su récord de antecedentes penales.
En total son 23 programas, 18 son entidades privadas licenciadas por el DCR y cinco (5) son de la propia agencia. Solamente hay una persona en el DCR para fiscalizarlos, la coordinadora de la División Programas Comunitarios, Selma M. Ríos Calderón.
En abril, Ríos Calderón había confirmado a Metro Puerto Rico que contaban con 1,400 participantes. Al momento, se desconoce si este número ha cambiado.
Cada tratamiento de los participantes es individualizado. Tienen como requisito obtener terapia psicológica, que es costeada por el propio partícipe. Por lo general, deben completar 52 sesiones de consultoría y 12 sesiones individuales.
Activista de los derechos de la mujer— como la portavoz del Observatorio de Equidad de Género (OEG), la Lcda. Josefina Pantojas, y la psicóloga de la OPM, Esther M. Figueroa Ríos— anticiparon en entrevistas previas con este medio que los programas de desvío carecen de supervisión, a pesar que la Ley 449, que creó la Junta Reguladora, establece que deben ser monitoreados.
Esto ha provocado que victimarios sean reincidentes, como sucedió el pasado 13 de abril con Luis Cruz Santiago, el hombre que asesinó de un disparo a su pareja, Jackeline Santiago Rodríguez, en el área de retén del cuartel municipal de Morovis.
Cruz Santiago tuvo 52 terapias grupales y 11 individuales con uno de los proveedores, el centro de desvío Programa Cuaresma. Solo le quedaba una terapia individual para culminar su tratamiento. Finalmente, en el mes de junio, el hombre de 38 años fue sentenciado a una pena de 99 años en prisión por el delito de feminicidio y 10 años por dos cargos en virtud de la Ley de Armas.
El cuerpo fiscalizador debería estar compuesto por siete miembros que son nombrados por el gobernador: un representante del DCR, uno del Departamento de Familia (DF), una directora ejecutiva o comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, uno de la Oficina del Gobernador, uno de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
Según los datos de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, solo dos personas fueron nombradas en todo el cuatrienio para las vacantes de la Junta Reguladora.
Actualmente, está constituida por el mínimo de quórum, cinco miembros. Estos son: la Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria, procuradora interina de las mujeres; Alex Joel Torres Guzmán, en representación del DRC; Ciení Rodríguez Troche, por el DF; la Lcda. María del Rosario García, abogada; y la Dra. Elihet Silva Martínez, trabajadora social.
Bermúdez Sanabria precisó que el consejo se reunió este año en dos ocasiones. Sin embargo, hace siete que no tienen encuentros. La última reunión fue el 24 de abril de 2024.
“(En las reuniones) se llegaron a unos acuerdos de auditoría a los programas existentes. Se logró certificar un programa adicional. Posterior a eso, precisamente en este año, no se ha reunido nuevamente el consejo”, sostuvo.
Los miembros tienen el deber de reunirse mensualmente para “otorgar permisos, licencias, certificaciones y supervisar” los Programas de Reeducación y Readiestramiento. Adicional, deben entregar un informe anual al gobernador, demostrando el trabajo realizado durante el año.
¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?
* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378
* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) – 939-266-8446
* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800
* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634
* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022
* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525
* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera del área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676