El Proyecto del Senado 1 (P.S.1) del 2025 constituye una afrenta descarada al progreso de los derechos humanos y un intento evidente de instrumentalizar la libertad religiosa como herramienta para perpetuar la exclusión y el prejuicio. Bajo la fachada de proteger convicciones religiosas, este proyecto legitima la discriminación, concediendo amparo legal para que servicios esenciales, empleos y derechos fundamentales sean negados a personas, particularmente aquellas pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+. Más que una ley, el P.S. 1 representa un retroceso a tiempos en los que la intolerancia se disfrazaba de principios morales.
El P.S. 1 no solo desafía la moralidad pública, sino que entra en conflicto directo con precedentes establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Bostock v. Clayton County (2020), el Supremo sentenció inequívocamente que la discriminación por orientación sexual o identidad de género constituye una violación al Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Este caso influyó de forma directa el principio de no discriminar bajo la interpretación de la Cláusula de Igual Protección en servicios gubernamentales, ya que Gerald Bostock era empleado del condado de Clayton, Georgia. A pesar de ello, el P.S. 1 crea un espacio legal para que empleadores y proveedores de servicios justifiquen actos discriminatorios en nombre de la religión, ignorando la claridad de este fallo.
Por su parte, Obergefell v. Hodges (2015) afirmó el derecho al matrimonio igualitario como una extensión indiscutible de la Cláusula de Igual Protección. Sin embargo, el P.S. 1 podría amparar a funcionarios públicos que, bajo el pretexto de objeción religiosa, se nieguen a emitir licencias de matrimonio, reviviendo barreras que el derecho constitucional ya había derribado. Incluso, este proyecto recuerda las fallidas exclusiones instituidas en Romer v. Evans (1996), cuando el Tribunal Supremo declaró que ninguna legislación puede promover hostilidad hacia un grupo.
El problema con el P.S. 1 se magnifica en sectores esenciales como la salud y la educación. Aunque los defensores del proyecto puedan referirse a casos como Masterpiece Cakeshop o 303 Creative, es fundamental recordar que dichos fallos se limitaron estrictamente a expresiones artísticas y servicios creativos privados. Contrariamente, el P.S. 1 busca extender este alcance a servicios públicos indispensables, contraviniendo interpretaciones claras de la Decimocuarta Enmienda, que obliga a los gobiernos a garantizar servicios sin discriminación.
El impacto de esta propuesta no puede subestimarse. Pacientes podrían ser rechazados en hospitales; estudiantes LGBTQIA+ enfrentados a entornos hostiles en escuelas públicas; empleados despedidos o discriminados en procesos de contratación, y constituyentes privados de servicios esenciales debido a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género (apariencia). Este panorama es más que un retroceso: es la institucionalización de la intolerancia.
Es crucial resaltar que la religión, en toda su diversidad, contiene dogmas que, en algunos casos, pueden chocar con los principios de inclusión y equidad de todos los grupos demográficos que componen nuestra sociedad. Aunque este proyecto de ley se origina en un enfoque legislativo de base cristiana, su amplitud podría abrir una peligrosa puerta para que cualquier empleado público utilice su fe como excusa para negar servicios a cualquier persona, por cualquier razón que consideren justificada por sus creencias. En esencia, convierte el gobierno en un terreno fértil para el prejuicio arbitrario.
La autoría de este proyecto por parte de Thomas Rivera Schatz no sorprende. Su historial de oposición a los derechos de la comunidad LGBTQIA+ es bien conocido, y este proyecto es otro intento de avanzar una agenda excluyente disfrazada de principios éticos y morales. Lo que resulta alarmante es la contradicción ideológica de quien exalta los valores de Estados Unidos mientras impulsa legislación que choca frontalmente con los fallos de sus más altos tribunales. Este fanatismo político-religioso no solo es hipócrita, sino que evidencia un interés claro en complacer a ciertos sectores religiosos que lo sostienen políticamente.
En este momento crucial, instamos a la gobernadora Jennifer González a ejercer su autoridad y vetar esta legislación tan pronto llegue a su escritorio. Puerto Rico no puede darse el lujo de permitir que la discriminación se convierta en política pública, ni que décadas de lucha por la igualdad y la justicia sean borradas bajo un manto de intolerancia disfrazado de religión. Es nuestra responsabilidad garantizar que los principios de igualdad prevalezcan, y no permitamos postergar el discrimen contra aquellas comunidades que se diferencian.