La Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas insertadas por el Senado al proyecto de la Reforma Contributiva, cuya finalidad es simplificar el sistema contributivo y las radicaciones que deben hacer los negocios en Puerto Rico.
El informe del comité de conferencia del Proyecto de la Cámara 2100 fue aprobado durante los trabajos legislativos. La medida, que fue avalada en la Cámara el pasado mes de abril, ahora pasará a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi para convertirse en ley.
El proyecto de 85 páginas considera las observaciones y sugerencias del sector privado, muchas de las cuales fueron incorporadas en la Ley 25-2022, según establece la exposición de motivos.
Entre ellas, eliminar el requisito de someter una reconciliación de los gastos presentados en informativas cuando el contribuyente tiene un año económico o utiliza el método de acumulación; armonizar fechas de vencimiento cuando ocurre una declaración de desastre en Puerto Rico; y dar a los municipios la opción de integrar el cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) Municipal y la Declaración de Volumen de Negocio en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).
Además, simplificar el proceso de obtener licencias de Rentas Internas al regresarlas a SURI, entre otros cambios.
“La complejidad tributaria es la suma del costo por cumplimiento, lo cual es incurrido directamente por los individuos y corporaciones, mientras que el costo administrativo es incurrido por parte del gobierno. Sin lugar a duda, esta Ley acerca a un Puerto Rico más equitativo para todos sus contribuyentes”, reza la medida.
El cuerpo legislativo también concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1957 para crear la Ley Natalia Nicole Ayala Rivera.
La pieza legislativa persigue imponer penalidades más severas a las personas imputadas de irse a la fuga tras un accidente de vehículo que provoque grave daño corporal o la muerte de otro individuo, mejor conocida como la modalidad “hit and run”.
La pieza legislativa establece como mandatorio la imposición de supervisión electrónica, elimina la fianza diferida y excluye de toda convicción por dicho delito la posibilidad de obtener una sentencia suspendida o libertad a prueba.
De igual forma, incluye disposiciones para el cumplimiento consecutivo de la pena de la persona convicta.
La Cámara concurrió con decenas de comités de conferencia, como el informe del Proyecto de la Cámara 2038 para crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”.
La medida también busca asegurar el poder adquisitivo de las pensiones en los años venideros y su fuente de financiamiento.