Escuchar el discurso inaugural del Presidente Trump me remontó a cuando estudiaba historia americana. Ciertamente, es necesario volver al pasado para entender el presente. Entonces estudiamos a Washington y la declaración de independencia, pero no que esos derechos aplicaban a un sector de esa sociedad. De ahí brincábamos a Lincoln y la abolición de la esclavitud, pero no a como ese sistema continuó.
No estudiamos la decisión del Tribunal Supremo de Dred Scott (1857) que dictó que la constitución americana no extendía la ciudadanía a los afroamericanos; decisión vigente hasta la Enmienda 14 en 1868. Nadie hizo referencia al caso de Plessy v Ferguson de 1896 que declaró constitucional la segregación racial e implementó el principio que continuaría hasta 1953 de separados pero iguales. El expansionismo americano era una película de vaqueros y de guerras contra los indios, su destino divino. De la Guerra Hispanoamericana de 1898, pues fue la gran salvación nuestra gracias al Presidente McKinley, el héroe de Trump.
Afortunadamente, algunos profesores muy buenos me enseñaron a mirar detrás de las narrativas de “We the People” para descubrir una larga historia de expansionismo y desplazamientos de pueblos, un paradigma cuasi religioso del Destino Manifiesto, y un sistema de justicia que legitimaba las desigualdades y exclusiones. Las arengas de America the Great no pudieron esconder a las personas excluidas. Esas personas discriminadas y privadas de derechos, no se quedaron calladas ni aceptaron pasivamente esos abusos. Sus luchas obligaron al reconocimiento de los derechos de sectores como los afrodescendientes, los latinos, las mujeres, la comunidad LGBTQI+ y los inmigrantes, entre otros. Esos movimientos abrieron las puertas a los sistemas de educación, salud, vivienda y trabajo, entre varios espacios sociales. También promovieron el reconocimiento de nuestra obligación con la protección del medio ambiente y a mirar al mundo no como posibles presas sino como colaboradores.
Desde la instalación del nuevo presidente, nos enfrentamos a una serie de mandatos que buscan muy deliberadamente desmantelar ese régimen de derechos que con tanto sacrifico generaciones construyeron. Alegando una amenaza a la seguridad nacional se ordenaron sendas medidas para “hacer América segura nuevamente”. Ignorando muy convenientemente que la inmigración es estimulada por la gran demanda por su mano de obra, se ordena militarizar la frontera con México, acelerar la construcción de murallas, detener el programa de asilo, y permitir el arresto de inmigrantes indocumentados en escuelas e iglesias. No debemos pensar que estas medidas no se aplicarán en Puerto Rico. Somos una frontera marina y punto de entrada de inmigrantes, y ya la Guardia Costera ha recibido instrucciones de fortalecer su vigilancia de nuestras costas. Debemos esperar ver redadas de inmigrantes, con el riesgo que puedan atentar contra residentes legales, en particular aquellas personas “que parecen inmigrantes”.
Una medida antinmigrante que está generado polémicas es el negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Para justificar este retroceso buscan reinterpretar la Enmienda 14, decisión que extendió la ciudadanía a los esclavizados liberados y que es citada en múltiples casos de reconocimiento de derechos de otros sectores.
La criminalización de los inmigrantes incluye instruir al Departamento de Justicia abogar por la pena de muerte para aquellos acusados de asesinar oficiales de seguridad y ciudadanos americanos. Esta medida retoma la penalidad máxima, lo que obligará a las organizaciones contra este castigo a movilizarse nuevamente para combatir una medida que se ha evidenciado es sumamente discriminatoria. No debemos esperar que los fiscales federales en Puerto Rico resistan la presión de presentar casos de pena de muerte.
Otra medida que representa un gran revés a la protección de derechos humanos es la derogación de los programas de diversidad, equidad e inclusión, tanto por género como raza. El gobierno federal y todas sus instrumentalidades eliminarán el reconocimiento de las identidades de género y solamente podrán utilizar dos categorías de sexo. Ello obliga a revertir todas las medidas de inclusión y protección que se han logrado. Es particularmente preocupante el riesgo a la seguridad y la vida que esto representa para las personas transgénero.
Este mandato tiene otra dimensión poco comentada en Puerto Rico: prohíbe las políticas adoptadas para combatir las desigualdades raciales. Durante los últimos años las agencias públicas, los sistemas educativos, los proyectos de investigación y la gestión judicial han tomado acciones afirmativas para combatir las desigualdades raciales. Tomando en consideración el alto nivel de dependencia en los fondos federales, debemos esperar que los pequeños pasos de progreso en este campo se vean detenidos en nuestro país.
Y para colmo, el Presidente anunció la puesta en pausa de los casos de derechos civiles del Departamento de Justicia, incluyendo los acuerdos de reforma policiaca. Estamos viviendo un retorno a la meritocracia blanca. El que un Presidente fuera electo no justifica aceptar su aplanadora de derechos. Tenemos que organizarnos para resistir y defender los principios fundamentales de una verdadera democracia.