El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes por descargue una medida que busca establecer un protocolo en el manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos en la Isla.
Se trata del Proyecto del Senado 495— sometido por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, presidida por la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve— el cual propone requerir la intervención de al menos uno de los padres con patria potestad o del custodio legal de la menor para otorgar consentimiento informado por escrito antes de que se realice el procedimiento.
Según la exposición de motivos, la pieza legislativa responde a la falta de requisitos específicos en el ordenamiento jurídico actual respecto al consentimiento en casos de abortos en menores de edad. La propuesta busca garantizar el acompañamiento de las menores por parte de sus tutores legales y prevenir posibles casos de abuso sexual.
En junio del año pasado, el Alto Cuerpo aprobó sin debate legislativo el informe positivo del P de la S 495. Sin embargo, la Cámara de Representantes no atendió el proyecto y diversas organizaciones rechazaron la medida, advirtiendo que esa restricción podría haber reducido el acceso a abortos seguros para menores de edad. Además, destacaron que las clínicas de aborto estaban ubicadas principalmente en el área metropolitana y que solo dos de las cuatro ofrecían servicios a menores de 16 años.
Como parte del análisis de la medida, la comisión senatorial solicitó información al Departamento de Justicia (DJ) sobre abortos realizados a menores de quince años entre 2018 y 2022. Según el informe de la agencia, de los 67 casos investigados, dos correspondían a víctimas de agresión sexual. En 32 casos, el embarazo se produjo entre menores de edad, mientras que en 22, las menores de catorce o quince años quedaron embarazadas de varones entre dieciocho y diecinueve años. En ocho casos, la diferencia de edad entre la menor y su pareja superaba los cuatro años.
El informe también reveló que solo una clínica de aborto refirió tres casos a las autoridades, mientras que 64 casos no fueron reportados, a pesar de que la ley vigente requiere la notificación por sospecha de abuso sexual. Adicional, en 30 de los casos no se pudo determinar si la menor estuvo acompañada por un adulto al momento del procedimiento.
El proyecto establece que cualquier clínica, hospital o médico deberá cumplir con varios requisitos antes de realizar un aborto en una menor de quince años, incluyendo la documentación del consentimiento del tutor legal y la notificación obligatoria al Departamento de la Familia (DF). De igual forma, dispone una excepción en casos donde el embarazo haya sido causado por un progenitor o tutor legal, en cuyo caso se deberá activar un protocolo de custodia de emergencia.
La medida se fundamenta en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que revocó el precedente de Roe v. Wade y devolvió a los estados y territorios la autoridad para regular el aborto.