El Senado aprobó hoy, lunes, la Resolución del Senado 17 para llevar a cabo una investigación cuyo propósito es identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público localizados en La Parguera.
La medida busca identificar cuál es el uso (residencial o comercial) que se les está dando a dichas estructuras; así como los cambios o construcciones recientes realizadas en las propiedades allí ubicadas.
Además, se le dio paso al Proyecto del Senado 297 que busca establecer la “Ley para establecer protocolo de manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos en Puerto Rico”.
“El proyecto establece una normativa muy clara. En aquellos casos de sospecha de agresión sexual en aquellas menores de 15 años o menos, lo que busca es que se establezca un protocolo para el manejo de dichos casos, y además que se exija el consentimiento de al menos de uno de sus padres tutor legal como norma general. En el caso de incesto… no exigir tal consentimiento, pero sí imponerles a las clínicas de aborto la obligación de llevar a cabo una custodia de emergencia al amparo de nuestra ley”, explicó la autora de la medida, la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
Según el texto de la medida, la legislación responde a la ausencia de requisitos específicos en el ordenamiento legal actual para suplir la capacidad de consentimiento en menores de edad que soliciten un aborto bajo las excepciones permitidas por el Código Penal.
El proyecto establece que el progenitor o custodio legal que acompañe a la menor deberá otorgar su consentimiento por escrito antes del procedimiento. Sin embargo, en casos donde el embarazo de la menor sea producto de abuso por parte de su progenitor o tutor legal, se eximirá este requisito. En tales situaciones, el personal médico tendrá la obligación de ejercer custodia de emergencia bajo la Ley 57-2023 y reportar el caso al Departamento de la Familia.
Como parte de la discusión, la senadora propuso una enmienda para incluir una entrevista privada con un consejero profesional certificado por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Este proceso permitiría identificar si la menor está actuando de manera voluntaria y referir el caso al Departamento de Justicia y al Departamento de la Familia. Además, la enmienda establece un mecanismo de recopilación de datos estadísticos para evaluar patrones de abuso en un período de 10 años.
Finalmente, durante la sesión, se aprobó una enmienda adicional propuesta por Rivera Schatz para que “todos los casos sean notificados al Departamento de Justicia”.