Mientras el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) decidió que impugnará, en el Tribunal Supremo, la consulta de estatus convocada mediante una orden ejecutiva por el gobernador Pedro Pierluisi, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) evaluará, en una reunión convocada para el miércoles, los cursos de acción a seguir.
El ex comisionado electoral del PPD Ramón Torres expresó el martes en Metro al Mediodía su disposición a unirse a la impugnación judicial, aunque señaló que la decisión final corresponde a la Junta de Gobierno del PPD.
Este criticó la exclusión del Estado Libre Asociado (ELA) en el plebiscito, argumentando que es una opción válida respaldada por comunicaciones del gobierno federal.
“No sé si el Partido Popular se va a incluir o no, porque eso lo toma esa decisión la toma la Junta de Gobierno. Si tú me preguntas a mí y si sobre mis hombros cayera la decisión, yo me incluiría en esa petición. Pero me parece que otros partidos también se podrían unir”, indicó el candidato a la Cámara de Representantes por acumulación.
“El Partido Popular se va a estar reuniendo este próximo miércoles, es decir, mañana para establecer cuál va a ser la estrategia a seguir y cuáles van a ser los lineamientos a seguir”, agregó.
Al respecto, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, durante la conversación con Metro al Mediodía, defendió la necesidad de considerar opciones reales para descolonizar Puerto Rico y criticó la idea de que el ELA, en su forma actual, pueda considerarse una opción genuina de descolonización, ya que sigue dependiendo en gran medida de decisiones del Congreso de EE.UU. y no otorga plenos poderes de autogobierno a la isla.
Por su parte, el candidato al Senado por el Distrito de San Juan por el PIP, Adrián González, cuestionó la legalidad de convocar el plebiscito mediante orden ejecutiva y señaló que el ELA fue rechazado en el plebiscito de 2012.
“Ciertamente hay que solucionarlo [el estatus], pero no puede ser con procesos atropellados a cuatro meses de las elecciones y en contra de lo que dice la Constitución y la ley y por supuesto en contra de todos los procesos que son los que deben regir”, afirmó el abogado.
La Ley 165 de 2020, o Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, bajo la cual Pierluisi Urrutia convocó la consulta de estatus, establece que cualquier impugnación, controversia o acción legal que pueda paralizar los procesos para la votación en la fecha y horario establecidos, será considerada y resuelta directamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En cuanto al hecho de que este será el séptimo plebiscito de estatus en la isla y aún no se han logrado mayores avances para la descolonización, Aponte Hernández señaló que, al observar la historia de otros territorios que han logrado convertirse en estado, se puede ver que algunos han realizado más consultas plebiscitarias que Puerto Rico.
“Todo lo que haya que hacer para continuar con el mandato de reclamo del pueblo de Puerto Rico expresado desde el 2012 en adelante, cuando le quitó el consentimiento a la condición territorial actual, y el respaldo más reciente en el 2020 a la solicitud de admisión de Puerto Rico, convirtiéndolo en política pública del gobierno de Puerto Rico. Hay que realizarlo”, dijo el ex presidente de la Cámara de Representantes.
La controversia se desató luego de que el gobernador Pierluisi firmara el lunes la Orden Ejecutiva 2024-016, a través de la cual convocó la séptima consulta de estatus y escogió las definiciones para las tres alternativas: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. El primer mandatario adelantó que los fondos para llevar a cabo el plebiscito serán estatales.
La consulta electoral es de carácter local, debido a que no cuenta con el aval del gobierno federal. No obstante, Pierluisi Urrutia sostuvo que sirve como un mecanismo para presionar al Congreso de Estados Unidos en relación con el estatus de Puerto Rico.
En la más reciente consulta de estatus, efectuada durante las elecciones generales de 2020, ganó el “sí” a la estadidad (52.34%), con una diferencia de 55,707 votos respecto al “no”.