La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes inició el estudio de un proyecto de ley que busca enmendar la legislación actual que trabaja con los confinados de modo que se pueda restituir la facultad del Departamento Corrección y Rehabilitación (DCR) para expedir el “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”.
Se trata del Proyecto de la Cámara 6, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que también tiene el objetivo de permitir el empleo de exconfinados en el servicio público municipal.
Según la medida se busca “fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles, y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad”.
Durante la vista pública, el presidente de la Comisión, Luis “Junior” Pérez Ortiz, señaló que, con este proyecto, “se busca flexibilizar que los municipios puedan reclutar a base de ese certificado a aquellos confinados que estén bajo la norma establecida por el municipio para desempeñar diversas labores”.
El representante sostuvo que en la actualidad “dicha actividad ya se hace a través de organizaciones que ofrecen servicios a los confinados tales como Teen Challenge y Hogar Crea; incluso ya varios municipios mediante contratación han privatizado unos servicios como el ornato, la aplicación de asfalto, el recogido de escombros, la pintura de escuelas y otras áreas”.
“Buscamos flexibilizar los procesos y que ese certificado se expida lo más pronto posible de modo que cuando la persona salga del programa de rehabilitación o de la cárcel no tenga que estar esperando largos meses para trabajar y aumente la probabilidad de que reincida en el delito por no tener las herramientas para trabajar”, enfatizó el representante.
Mientras que la licenciada Omara Arias Nieves, directora interina de la Oficina de Asuntos Legislativos y Municipales del Departamento de Seguridad Pública (DSP)- en representación del secretario designado Arthur Garffer- presentó los comentarios de la agencia que favoreció el proyecto.
En la ponencia presentada avalaron “los cambios al Código Municipal, para permitir que los municipios puedan contratar a una persona exconvicta, cuando la misma ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para trabajar, conforme a lo dispuesto en el Plan de Reorganización 2 del 2011, ello porque le permitiría su reinserción a la sociedad, para así lograr su autosuficiencia y la de su entorno familiar”.
De otro lado, el Dr. José Martínez Correa, presidente de la organización Teen Challenge de Puerto Rico, apoyó esta medida ya que explicó que una persona que sufre de un trastorno por el consumo de opioides u otras drogas, una vez rehabilitada y con un empleo tienen menos probabilidades de recurrir al uso de drogas ilegales.
Martínez Correa destacó que, según estudios publicados en la revista International Journal of Drug Policy, realizados en 12 países diferentes, se encontró que tanto las recesiones económicas como el desempleo individual incrementan el uso de drogas ilegales. Esto, en parte, por el hecho de que las personas estaban tan psicológicamente angustiadas por la pérdida de sus empleos que recurrieron al uso de drogas para lidiar con sus frustraciones.
El presidente de Teen Challenge recomendó que los confinados que hayan presentado el diagnóstico de trastorno de uso de sustancias “se le provea el servicio de manejo de caso por el Departamento de Corrección, ASSMCA o a través de las instituciones licenciadas.
“La evidencia científica indica que el apoyo en estos casos evita la reincidencia y por tanto, a caer en patrones de comportamientos que los llevaron en primer lugar a caer en la cárcel por algún delito”, dijo el galeno.
En iguales términos, se manifestó Héctor Figueroa, presidente de Hogar Crea, Inc. al proponer que “se cree un comité intergubernamental para coordinar los servicios que incluyan organizaciones sin fines de lucro, que tengan experiencia en el manejo de estas situaciones”.
Ante ello, Pérez Ortiz manifestó que dentro de la medida no se está dejando de lado a ASSMCA ni a organizaciones que trabajan con confinados que han estado bajo el uso de sustancia controladas ilegales. Además, destacó que los que vayan a trabajar a los municipios recibirían ayuda si en algún momento recaen en el uso de drogas, tal y como se hace con el resto de los empleados.