El nuevo plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), reconoció que la corporación pública no tiene la capacidad para pagarle a los bonistas sin imponer aumentos tarifarios adicionales a los abonados.
Para el licenciado experto en PROMESA, Rolando Emanuelli Jiménez, este reconocimiento marca un hito en el caso de la quiebra de la AEE.
“Lo más impactante es que por fin la Junta de Control Fiscal reconoció que la situación precaria de la Autoridad de Energía no permite, primero, aumentos adicionales a la tarifa y, segundo, el pago a los bonistas que alegan que esos créditos son asegurados por los excesos de ingresos sobre gastos”, sostuvo el abogado.
En marzo del año pasado, la JSF litigó un juicio de un plan de ajuste de la deuda que proponía pagar a los bonistas más de $2,600 millones, pero ahora reconoce que esos fondos no están disponibles.
“Antes la Junta les había ofrecido $2,600 millones. Ahora no hay ese dinero disponible porque la Junta dice que no se puede aumentar la tarifa”, señaló.
El Plan Fiscal 2025 detalló que con la tarifa eléctrica ya por encima del 6% del presupuesto del consumidor promedio, la JSF reconoce que no es posible imponer más aumentos.
“Si el consumidor promedio gasta más de 6% de su presupuesto en energía, la situación no está bien. No es justo y no es asequible para el consumidor”, explicó Emanuelli Jiménez.
A pesar de que la JSF planteó que no se pueden hacer aumentos tarifarios para pagar a los bonistas, el nuevo plan fiscal incluye proyecciones de incremento en los costos de combustible y mantenimiento,lo que podría resultar en prontos aumentos. De hecho, el abogado indicó que viene un aumento en julio, luego de que se verifique la tarifa base.
“La tarifa base es la que se está revisando y en julio va a haber una nueva tarifa base, y en julio del otro año y en el próximo año también”, indicó Emanuelli Jiménez.
El abogado anticipa que los bonistas no aceptarán la postura de la JSF y que el proceso judicial se extenderá, aunque ve poco probable que encuentren pruebas de posibles ingresos netos en la corporación pública.
“El problema está en que los bonistas obviamente no van a aceptar eso. Van a pelear como gato boca arriba. Todas esas aseveraciones que hace la Junta en el plan fiscal las van a cuestionar y todos esos issues van a tener que la jueza resolverlos. Por eso esto va a tardar […] Si no hay ingreso neto, no le pagan nada. O, sea que esa es la determinación crucial. Sobra o no sobran ingresos después de cubrir todos los gastos de la autoridad y de todos los requisitos de reconstrucción, eso le tocaría a los bonistas comprobarlo”, advirtió.
Por su parte, la abogada y activista, Eva Prados Rodríguez coincidió en que el reconocimiento de la JSF sobre la falta de capacidad de pago de la AEE valida lo que grupos y organizaciones han advertido por años.
“Podemos decir satisfacción en la medida en que reconocen ciertas cosas. Están [la Junta] diciendo lo que llevamos diciendo desde hace años, y es que realmente el sistema, sobre todo después del impacto del huracán María, está tan afectado, y los costos tanto de su recuperación como de su mantenimiento, lo superan”, expresó Prados Rodríguez.
Sin embargo, la activista advirtió que la satisfacción no persistirá por mucho, ya que la JSF dejó abierta la posibilidad de buscar “otros mecanismos” para pagarle a los bonistas.
“Nos quedamos preocupados y pendientes de cuáles entonces van a ser esas otras alternativas, porque sí, la Junta parecería decir que ellos van a buscar el dinero para pagarle a los bonistas que se les prometió pagarles, y eso definitivamente no sabemos de dónde va a salir”, sostuvo.
Prados Rodríguez también subrayó que los ingresos del gobierno central, como el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) o los impuestos sobre gasolina, ya están comprometidos en otros planes de ajuste de la deuda, por lo que utilizar estos fondos para pagar a los bonistas de la AEE podría representar un golpe adicional para la población. La gobernadora, Jenniffer Gonzalez Colon, consideró durante su campaña política que la deuda modificada de la AEE podía pagarse utilizando fondos del gobierno central.
Efectivamente, el martes el director ejecutivo de ente fiscal, Robert Mujica Jr destacó que el gobierno central no puede y no debe subsidiar a una corporación pública dado a que dicha práctica contribuyó a su insolvencia hace una década.
“Nos preocupa que actualmente el IVU ya está siendo comprometido para el pago de la deuda del Gobierno central y para el pago de la deuda de cocina, y que a su vez el utilizar los recaudos del IVU es quitarse del Gobierno”, continuó Prados Rodríguez.
Conforme a la abogada, en acorde a lo que informó Emanuelli, el debate en los tribunales girará en torno a si realmente existen ingresos netos para cubrir la deuda con los bonistas.
“Ellos lo pueden hacer, lo que es bien importante es que, porque sé que el resultado de la decisión del circuito de Boston, yo creo que es importante tener presente que el tribunal, si bien le da apoyo entre el plano de los bonistas de que ellos tienen derecho a cobrar su derecho, la realidad es que el tribunal también reconoció que su derecho se ve ante la realidad de cuánto dinero que la autoridad tiene”, puntualizó.
Prados Rodríguez anticipa que los bonistas intentarán cuestionar los datos presentados por la JSF para argumentar que sí existen fondos disponibles.
“Por ahí es que yo pienso que van a tratar de atacar esos datos, pero es un tribunal que definirá la veracidad de esos datos. Pero ellos no pueden exigir cobrar si no hay dinero para cobrar”, concluyó.