El Tribunal Supremo de Puerto Rico entrará en la demanda presentada por el Proyecto Dignidad (PD) contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) luego de que el ente ordenara el despido de sus empleados y cierre de la colectividad luego del evento electoral de noviembre del pasado año.
Sin embargo, los jueces del Supremo no dieron paso a una moción urgente de auxilio para que se paralizara la orden de despedir a los empleados de la colectividad que trabajaban en la CEE. A esta determinación se opusieron tres jueces, entre los que se encuentra la jueza presidenta Maite Oronoz.
Del mismo modo, el juez Luis Estrella Martínez, emitió una opinión disidente ante la determinación del “no ha lugar” a la moción de auxilio.
“En el pleito ante nos, dado la etapa del calendario electoral en que nos encontramos, considero que esta controversia ameritaba ordenar la paralización de la determinación administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones de cerrar las operaciones del Proyecto Dignidad en sus instalaciones con efectividad del 12 de enero del 2025. A su vez, considero que era necesario expedir la certificación intrajurisdiccional que se nos solicitó y en consecuencia como foto colegiado, atender todos los planteamientos constitucionales”, expresó el juez.
“A mi juicio, el planteamiento de aparente violación al principio de igualdad electoral en la determinación de la presidenta alterna de la CEE de ordenar la destitución y el cierre operacional del comisionado electoral del Proyecto Dignidad constituye una controversia de peso que ameritaba nuestra atención inmediata”, añadió Estrella Martínez.
Además, el juez Ángel Colón Pérez brindó una opinión disidente.
El pasado 31 de diciembre del 2024, el Proyecto Dignidad, demandó a la CEE para solicitar permanecer como franquicia electoral tras la destitución de todos sus empleados y representantes de la Oficina del Comisionado Electoral del partido. Además, el 13 de enero se ordenó el cierre de las operaciones de la oficina en la CEE.
En la demanda presentada por el vicepresidente del partido y comisionado electoral, Juan Manuel Frontera Suau, se solicita una orden de cese y desista a la destitución de los empleados por parte de la presidenta alterna de la CEE y señala que la colectividad retuvo su franquicia electoral en las elecciones del pasado mes de noviembre del 2024.
Según la demanda, el 27 de diciembre, la CEE notificó al comisionado electoral del PD que procediera al cierre operacional de la oficina el 13 de enero del 2025. Además, de la destitución de nueve empleados de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), dos de la Junta del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y de la oficina del comisionado.