El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió emitió una resolución para acoger la petición de Proyecto Dignidad, que mediante recurso de certiorari, busca que se revoque la decisión sobre el cierre de la oficina en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La determinación también incluyó la destitución de los empleados adscritos a esta oficina.
“El cierre y la falta de representación plena en la CEE contradicen lo dispuesto en el propio Código Electoral, particularmente en su Artículo 3.10(1), que establece que partidos como Proyecto Dignidad conservan su franquicia electoral y derecho a representación, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2025”, sostuvo el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Juan M. Frontera Suau.
El caso, presentado por Proyecto Dignidad, argumenta que los artículos 3.1(2) (A)-(F) y 6.1 de dicho Código resultan inconstitucionales, al limitar de manera desigual y discriminatoria la representación de este partido en la estructura de la CEE, a pesar de que retiene su franquicia electoral tras las elecciones generales de 2024.
“Proyecto Dignidad plantea que dichas disposiciones violan los principios de equidad y representación igualitaria garantizados por la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha ordenado a la presidenta Jessika Padilla Rivera y los demás Comisionados Electorales a presentar sus alegatos en un término de veinte (20) días desde la notificación de esta Resolución”, explicó el licenciado Frontera Suau.
El abogado sostuvo que, además, la aplicación de la doctrina de autolimitación judicial por parte de los tribunales inferiores ha sido señalada como un obstáculo para evaluar de manera integral los planteamientos constitucionales que afectan no solo a Proyecto Dignidad, sino a los derechos fundamentales de sus electores.
“Este caso no solo trata sobre la representación de un partido político, sino sobre la garantía de un trato igualitario y el respeto a los derechos de representación democrática de todos los electores en Puerto Rico. Nos complace que el Tribunal Supremo haya decidido atender esta controversia constitucional y confiamos en que se restituirán los derechos de nuestros electores de manera justa”, declaró, por su parte, el presidente de la colectividad, César Vázquez Muñiz.