La Cámara de Representantes aprobó este jueves en los trabajos de la sesión ordinaria una medida que busca ampliar las medidas de fiscalización para evitar el fraude en la obtención de beneficios por programas de desempleo o de emergencias.
El Proyecto de la Cámara 3 fue presentado por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con el objetivo de garantizar que las personas con reclamaciones legitimas de las ayudas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puedan acceder a ellas.
Por tal razón, la pieza legislativa aumenta el término que tiene el DTRH para llevar a cabo una fiscalización adecuada y se limita el acceso a los beneficios a aquellos que realicen su solicitud de forma fraudulenta. La pieza legislativa fue respaldada con 50 votos a favor.
La pieza legislativa permite que el DTRH, luego del debido proceso de ley, pueda notificar al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal algún balance de cobro indebido que tenga algún reclamante, de modo que dichas agencias puedan retener hasta un máximo del 50 por ciento anual del reintegro contributivo a favor del reclamante para el saldo del cobro indebido.
Para ello, el proyecto establece un proceso que permita al reclamante impugnar oportunamente el aludido cobro indebido previo a la notificación a las referidas agencias.
Según Méndez Núñez, la legislación vigente contiene limitaciones sobre imposiciones y actuaciones administrativas o judiciales que pueden resultar en una intromisión indebida de las funciones que puede llevar tanto el DTRH como las agencias de ley y orden.
Mediante su propuesta se separa el aspecto administrativo del penal con el fin de que el DTRH pueda llevar a cabo las funciones administrativas que le fueron conferidas y, por otro lado, protege la discreción de las agencias de ley y orden para que estas puedan ejecutar adecuadamente.
Figuran como coautores de la medida la representante Vimarie Peña Dávila, presidenta de la Comisión del Trabajo, y el vicepresidente de la Cámara, Ángel Peña Ramírez.
Mientras, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 26, de la autoría de Méndez Núñez, para restituir a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público.
Las enmiendas que dispone la pieza legislativa se centran en facilitar que personas que cometieron delitos no violentos y resulten inelegibles puedan tener una nueva oportunidad para el empleo público.
En su exposición de motivo, el autor resaltó que el proceso de habilitación es “tan estricto y necesario” que forma parte del Código Anticorrupción (Ley 2-2018) en el cual declara las disposiciones en que una persona quedará inhabilitada para contratar o licitar con cualquier agencia del Gobierno.
Esta función habilitadora se transfirió al secretario del Trabajo luego de que la ley orgánica de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos fuera anulada.
No obstante, el DTRH no ha culminado, en términos presupuestarios, la transferencia y ubicación final del personal adscrito a la Oficina de Habilitación, lo que implica que la OATRH ha continuado sufragando el salario y beneficios de estos empleados.
La Cámara de Representantes receso sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo lunes, 17 de marzo de 2025 a la 1:00 pm.