Dos jueces federales emitieron el jueves órdenes que requieren que el gobierno del presidente Donald Trump reinstale en su puesto a miles —o posiblemente decenas de miles— de trabajadores en periodo de prueba que fueron despedidos como parte de la reducción de personal a gran escala en varias agencias federales, lo que desacelera, al menos por ahora, la drástica reducción de la plantilla del gobierno federal por parte del mandatario.
Ambos jueces encontraron por separado problemas jurídicos en la forma en que se llevaron a cabo los despidos masivos, y ordenaron que los empleados volvieran al trabajo, aunque sea de forma temporal.
El gobierno federal apeló de inmediato la primera orden. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la decisión era un intento de interferir en el poder del presidente para contratar y despedir empleados. “El gobierno de Trump luchará de inmediato en contra de esta orden absurda e inconstitucional”, dijo en un comunicado.
En San Francisco, el juez federal de distrito William Alsup determinó el jueves por la mañana que los despidos en seis agencias fueron ordenados por la Oficina de Administración de Personal del gobierno federal y un director interino, Charles Ezell, que carecía de autoridad para hacerlo.
En Baltimore, el juez federal de distrito James Bredar concluyó que el gobierno no cumplió con las leyes establecidas para los despidos a gran escala, incluyendo dar un aviso con 60 días de anticipación. Bredar, nombrado por el expresidente Barack Obama, ordenó que se suspendieran los despidos temporalmente y que la plantilla volviera a la situación anterior a los recortes.
Falló a favor de más de una veintena de estados que presentaron una demanda en la que alegaron que los despidos masivos son ilegales y ya están teniendo un impacto en los gobiernos estatales, que tratan de ayudar a las personas que se quedaron desempleadas repentinamente.
Por lo menos 24,000 empleados en periodo de prueba han sido despedidos desde que Trump asumió el cargo, señala la demanda, aunque el gobierno no ha confirmado esa cifra.
El gobierno de Trump argumenta que los estados no tienen derecho a tratar de influir en la relación del gobierno federal con sus propios trabajadores. Los abogados del Departamento de Justicia alegaron que los despidos se debían a cuestiones de rendimiento, no despidos a gran escala sujetos a regulaciones específicas.
La Casa Blanca no respondió hasta el momento un correo electrónico enviado en busca de comentarios sobre el fallo de Bredar.
Los trabajadores en periodo de prueba han sido objeto de despidos en todo el gobierno federal porque suelen ser nuevos en el trabajo y carecen de la plena protección de la función pública. Se han presentado múltiples demandas por estos despidos masivos.
La orden de Alsup indica a los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y del Tesoro que deben de ofrecer de inmediato la reincorporación laboral a los empleados que fueron despedidos el 13 y 14 de febrero. También le ordenó a las agencias que tienen un plazo no mayor a siete días para presentar un listado de los empleados en periodo de prueba y una explicación de cómo fue que se cumplió con la orden en lo referente a cada uno de los trabajadores.
La orden judicial temporal se produjo como parte de una demanda que interpuso una coalición de sindicatos y organizaciones mientras el gobierno toma medidas para reducir la fuerza laboral federal.
“Estos despidos masivos de trabajadores federales no sólo fueron un ataque contra las agencias gubernamentales y a su capacidad para funcionar, también fueron una agresión directa a las tierras públicas, la vida silvestre y el Estado de derecho”, declaró Erik Molvar, director ejecutivo de Western Watersheds Project, uno de los grupos demandantes.
Alsup expresó su frustración por lo que calificó como un intento del gobierno por eludir las leyes y regulaciones que rigen una reducción en su fuerza laboral —lo cual se le permite hacer— al despedir a trabajadores en periodo de prueba que carecen de protecciones y no pueden apelar.
Se mostró consternado al saber que a los empleados se les informó que estaban siendo despedidos por bajo rendimiento a pesar de haber recibido evaluaciones positivas hace apenas unos meses.
“Es un día triste, muy triste, cuando nuestro gobierno despide a un buen empleado y dice que fue con base en su rendimiento cuando saben muy bien que eso es una mentira”, señaló. “Eso no debería haberse hecho en nuestro país”.
Los abogados del gobierno sostienen que los despidos masivos fueron legales debido a que cada una de las agencias revisó y determinó si los empleados en periodo de prueba eran aptos para continuar en su cargo.
Pero Alsup, quien fue designado al cargo por el expresidente Bill Clinton, encuentra ese argumento difícil de creer. Tenía previsto llevar a cabo una audiencia de pruebas el jueves, pero Ezell, el director interino de la Oficina de Administración de Personal, no se presentó para testificar en la corte, y el gobierno retiró su testimonio escrito.
“Sé cómo podemos llegar a la verdad y no está ayudando a llegar a la verdad,” le dijo Alsup a Kelsey Helland, una asistente de la fiscalía federal.
Se calcula que hay alrededor de 200.000 trabajadores en periodo de prueba en las agencias federales, una cifra que incluye a empleados de nivel inicial, pero también a trabajadores que recientemente recibieron un ascenso.
Aproximadamente 15,000 están empleados en California para brindar servicios que van desde la prevención de incendios hasta el cuidado de veteranos, según la demanda presentada por la coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que representan a parques, veteranos y pequeñas empresas.
Los demandantes afirmaron en su querella que varias de las agencias le informaron a los trabajadores que la oficina de personal había ordenado los despidos, con una orden de utilizar una plantilla de correo electrónico para informar a los trabajadores que su despido era por cuestiones de rendimiento.