Las recientes políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado temor y vulnerabilidad en la población de migrantes de Puerto Rico. En medio de esa incertidumbre, la pastora Nilka Marrero ha transformado la Iglesia Metodista San Pablo, en Barrio Obrero, en un santuario. Allí, la comunidad migrante no solo recibe apoyo espiritual, sino también acceso a alimentos, asesoría legal, y una red solidaria dispuesta a proteger a quienes han sido marginalizados.
“Nosotros damos desde servicios legales, hasta acceso a la educación para los niños y niñas. Creamos comedores comunitarios y cada martes vamos al Conservatorio de Música, donde hemos identificado estudiantes que necesitan de nosotros para derrocar la inseguridad alimentaria. Ofrecemos talleres, tanto de salud física como de salud mental. Esto es lo que se llama un punto focal en la comunidad, que todo el mundo sabe que existe, y todos son bienvenidos”, destacó la pastora.
Durante la entrevista con La Península, varias personas ingresaron al espacio para servirse galletas y café durante el desayuno, mientras intercambiaban comentarios y conversaban sobre su día a día. Este ir y venir convirtió el espacio en uno acogedor, y reflejó la interacción cotidiana y el sentido de comunidad que caracteriza al lugar. “No te vayas, coge tu café”, fue una de las frases que más resonó.
La Iglesia ha creado conexiones con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) para proveer servicios de abogados que trabajan para regular el estatus migratorio.
“Hemos sacado fotocopia de sus documentos y se les entrega para que tengan un backup en caso de que se pierdan. Estamos haciendo poderes de custodia con las mamás, que muchas de ellas no pueden trabajar, para que tengan aquí una persona que pueda cuidar a sus niños en caso de que las arresten”, destacó Marrero. “También, estamos trabajando con sus papeles para el pasaporte de los niños y niñas, para que puedan reunirse allá (en su país de origen) si es que fuera esa la situación”, añadió.
La pastora Marrero destacó el costo y las dificultades asociadas con estos trámites, ya que muchas de las madres migrantes no tienen empleo y deben hacer frente a gastos elevados.
Hay quienes no se atreven a salir de sus casas, así que la Iglesia también ha visitado sus hogares para ofrecer servicios de barbería. Además, ha pagado los teléfonos móviles de algunos para que no pierdan contacto con sus abogados y establecido alianzas con Comuna Caribe y otras organizaciones para hacer frente a las redadas.
“Es un momento de levantar la voz de protesta. Lo triste de Puerto Rico es que se nos olvidó que, a comienzos del siglo pasado, los hermanos de la República Dominicana venían aquí y nosotros íbamos para allá para el cultivo de la caña. Y esa fraternidad y ese amor se ha desgarrado por gente que no entiende que nuestro contexto cultural y social caribeño es diferente”, señaló Marrero.
“Obviamente, te puedo dar el discurso del evangelio, pero hablaré desde el punto de vista de las violaciones de derechos que tenemos que seguir denunciando. Nosotras, las mujeres, tenemos ahora mismo este llamado y la posibilidad de mover a este mundo. Si vamos a proteger, tenemos que hacer esos cordones de amor para, sencillamente, crear un cerco alrededor de aquellos que son los más pobres y más desprotegidos”, invitó.
Una maestra que asume ese llamado desde la educación
María Cruz Alicea ha dedicado su vida a la enseñanza del inglés. Tras su carrera docente en el Departamento de Educación, en 1992 se trasladó de Caguas a San Juan y vio cómo el perfil de sus estudiantes cambió: muchos de sus nuevos alumnos eran hijos de inmigrantes. Desde el 2016, decidió ofrecer tutorías fuera de su jornada laboral para reforzar el inglés de jóvenes y adultos.
“He asistido a personas de República Dominicana, que es la mayor población, pero también de China, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, México, Panamá, entre otros. Les ayudo a concientizar sobre la importancia que tiene obtener su ciudadanía, porque así podemos reforzar sus derechos y no limitarlos en oportunidades de estudio y trabajo”, destacó Alicea.
Hoy, ya jubilada, Alicea sigue enseñando a migrantes en Casa Dominicana, también en Barrio Obrero. Al igual que la profesora Alicea, diversas organizaciones lideradas principalmente por mujeres han brindado apoyo a la población migrante en Santurce por años.
El pasado 26 de enero, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron el primer operativo en Barrio Obrero, uno de los subbarrios de Santurce con más inmigrantes, con el objetivo de deportar a las personas indocumentadas. Entonces, hizo falta arreciar los esfuerzos.
Una de las iniciativas surgió desde la Junta Comunitaria del G-8, una organización sin fines de lucro que agrupa a líderes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña y es presidida por Lucy Cruz Rivera. El G-8 repartió boletines y creó carteles informativos que colocaron en espacios públicos para informar a las personas migrantes sobre sus derechos en caso de una detención.
Valeria Román Ortiz es estudiante de Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Esta publicación es producto de una colaboración entre Metro Puerto Rico y el programa EntreMedios, dirigido por la profesora María de los Milagros Colón Cruz, de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel. La historia fue publicada originalmente en La Península.