Del Centro de Periodismo Investigativo
La profesora Maritza Barreto Orta tenía en su agenda completar dos solicitudes de fondos federales que son cruciales para la continuación de sus investigaciones sobre la erosión costera en Puerto Rico. Sin embargo, las convocatorias para solicitud de fondos “desaparecieron” de las páginas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés) y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) como consecuencia directa de las nuevas políticas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restringen los fondos para investigaciones académicas relacionadas con la crisis climática.
Estudios sobre el aumento del nivel del mar, la erosión costera, el blanqueamiento de corales, la energía renovable, las olas de calor, las enfermedades asociadas con el clima, como el dengue, y otros sobre eventos meteorológicos, como huracanes, se verían limitados ante la política pública del presidente estadounidense sobre el cambio climático, que ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París y del plan de financiamiento internacional climático. También están en riesgo investigaciones que miden la influencia del clima en el aumento del cáncer en la Isla.
Puerto Rico ocupa la sexta posición entre los países más afectados en el mundo por la crisis climática, según el más reciente Índice de Riesgo Climático publicado por la organización internacional Germanwatch. Este índice mide el impacto de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos extremos sobre las personas y la economía.
A tenor con las directrices de Trump, los Institutos Nacionales de Salud (NIH en inglés) ya comenzaron a cancelar masivamente subvenciones de investigación que financian proyectos científicos activos porque “no cumplen con las prioridades de la agencia” por enfocarse en temas sobre justicia ambiental, cambio climático, poblaciones transgénero, identidad de género, diversidad, equidad e inclusión y cualquier otra investigación que pueda ser percibida como discriminatoria basado en raza o etnia, según reportó a principios de marzo la revista Nature.
En Puerto Rico hay 107 subvenciones activas con fondos de NIH que suman $78.5 millones, de las cuales 91 (85%) son dirigidas por científicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y 25 son realizadas por investigadores de instituciones privadas, aunque de estas últimas ninguna observa intersecciones entre clima y salud.
El Instituto de Investigación y Planificación Costera (CoRePI) que dirige Barreto Orta está adscrito a la Escuela de Planificación de la UPR, en el Recinto de Río Piedras. En un contexto de recorte de fondos a la Universidad, la profesora y su equipo dependen de subvenciones federales para hacer sus estudios y mantener a CoRePI en operación. Con los recursos actuales, el instituto podrá operar sólo hasta abril de 2026, a menos que logre acceder a nuevos fondos que le permitan seguir adelante.
Barreto Orta reconoció que “ha bajado la oportunidad de tener más opciones para buscar fondos externos”.
Actualmente, el CoRePI tiene activos dos proyectos principales, uno con fondos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés) que ascienden a $500,000 para evaluar el estado de la erosión en municipios costeros y otro de $2.4 millones con fondos CDBG otorgados por el Departamento de Vivienda, dirigido a la capacitación para estudios sobre la erosión costera.
“Terminamos el último proyecto en abril de 2026, así que mi incertidumbre será a dónde voy a someter nuevas propuestas para poder mantener el centro, que no sólo evalúa el estado de situación de la erosión costera, sino que también desde ahí damos mentoría y fondos a estudiantes”, precisó Barreto Orta.
Científicos del sistema universitario público entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) denunciaron que esta incertidumbre sobre el futuro inmediato de las investigaciones sobre la crisis climática en Puerto Rico se ha extendido entre investigadores de la UPR, y alertaron sobre cómo estas medidas ponen un alto a la búsqueda de soluciones para enfrentar y anticipar desastres naturales al limitar la preparación académica de estudiantes.
Tambalean estudios sobre energía renovable, agricultura y planificación
En el Recinto de Río Piedras, los profesores Jorge Colón Rivera, de Química, y José Hernández Ayala, de Planificación, también luchan contra la avalancha de restricciones impuestas por el gobierno federal.
Colón Rivera dirige investigaciones sobre energía renovable, un campo esencial para el futuro energético de Puerto Rico, mientras que Hernández Ayala estudia los efectos de las olas de calor en las escuelas del país. Ambos temen que sus proyectos se vean truncados si no logran asegurar subvenciones que les permitan continuar con sus estudios en los próximos años.
El Departamento de Energía federal eliminó de su página de internet toda la información relacionada con el programa Reaching a New Energy Sciences Workforce (RENEW) de donde provienen los fondos para estudios que realizan en conjunto con investigadores de la UPR, en Humacao, de la Universidad Ana G. Méndez y de la Universidad de Cornell, en Nueva York, denunció el profesor. Manifestó preocupación con las posibles cancelaciones de programas que respaldan investigaciones sobre la búsqueda de soluciones renovables para generar energía eléctrica.
Colón Rivera forma parte de cuatro investigaciones activas: dos con subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF en inglés) y dos con fondos RENEW del Departamento de Energía federal, en las que explora cómo la energía solar puede “generar hidrógeno verde, un combustible limpio y renovable”. Las cuatro subvenciones totalizan $43.6 millones distribuidos entre todas las instituciones que colaboran con los estudios.
Añadió que ese programa no sólo se vería afectado por el enfoque en identificar fuentes de energía renovables, sino también porque procuraba apoyar a instituciones que atienden comunidades subrepresentadas en las ciencias. Otra de las políticas de Trump, en la orden ejecutiva del 21 de enero, busca cancelar todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI en inglés) del gobierno federal.
“Nos preocupa que para someter propuestas en el área de ciencias climáticas posiblemente ya no haya tantos programas que las subvencionen, y quizás se eliminen programas. En el caso de energía renovable, nos preocupa que cuando vayamos a renovar propuestas ya no seamos atractivos por tener estudiantes de un área de la población que no es la típica que participa en otros programas”, acotó.
La UPR tiene investigaciones en curso que evalúan el medioambiente desde diversas perspectivas académicas y que reciben fondos federales de los NIH, la NOAA, la NSF, el USGS, la NASA y fondos CDBG otorgados por el Departamento de Vivienda federal, entre otras.
El presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, dijo al CPI que la administración universitaria no ha recibido notificaciones oficiales sobre el cierre de propuestas. Sin embargo, reconoció que han enfrentado problemas de inestabilidad en los portales de algunas agencias federales, lo que ha limitado la posibilidad de que algunos investigadores presenten sus reportes de progreso.
“Nos hemos encontrado que, en algunas ocasiones, el portal o la página de la agencia donde el investigador tiene que someter sus informes de progreso, en alguna semana estaba cerrado, pero ya la próxima semana abría y el investigador pudo someter sus informes de progreso. Esa continuidad se ha mantenido, con muy raras excepciones de una que otra propuesta en la que no hemos podido establecer ese contacto, pero que estamos esperanzados en que todo se normalice”, dijo Muñoz.
No pudo precisar a cuáles agencias o investigadores específicos se refería.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro de sus investigaciones, Hernández Ayala expresó su preocupación de que sus investigaciones se estanquen porque están enfocadas en temas de cambio climático. Hace unas semanas, presentó una prepropuesta a la NSF para estudiar el impacto del calor en las escuelas públicas de Puerto Rico, y aunque le indicaron que su tema era prometedor y le sugirieron a qué convocatorias podría postularse, ahora teme que la propuesta no sea aprobada.
De los $26.6 millones otorgados por el NSF en Puerto Rico solo en el año fiscal 2023, $18.6 millones (70%) fueron otorgados a la UPR. En su más reciente actualización sobre cómo se están implementando las órdenes ejecutivas de Trump, la NSF indicó que mantiene las prácticas habituales de la agencia centradas en “evaluar el mérito de las propuestas que están considerando” sin obviar los estándares federales.
“Los criterios de revisión siguen siendo los mismos y la guía sobre las revisiones y los resúmenes del panel no ha cambiado. Tal como se ha hecho siempre en la NSF, tomaremos en cuenta estas recomendaciones [de los evaluadores] junto con la guía general de la agencia y los estándares federales al tomar decisiones sobre financiamiento”, sostiene la agencia en su página web.
En el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el profesor de economía agrícola Héctor Tavárez se enfrenta a la posibilidad de no poder acceder a fondos del Departamento de Agricultura federal (USDA en inglés), para sus estudios sobre prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, debido a que su trabajo incluye el término “cambio climático”, lo que contraviene la política pública decretada por Trump.
“Muchas de las propuestas que nosotros llenamos son para atender directa o indirectamente el cambio climático. A nosotros nos preocupa bastante que en el futuro nos digan: ‘no, esta propuesta no está autorizada’ o ‘esta propuesta no es prioridad’. Cuando hace un año atrás precisamente era el tipo de propuesta con más prioridad para el Gobierno [federal]”, dijo.
Tavárez, como otros investigadores, teme que la restricción a investigaciones que abordan el cambio climático y su impacto provoque la pérdida de este tipo de estudios agrícolas.
“Imagínate que hagas una siembra de berenjena o de café y de momento te congelen los fondos. No estamos hablando necesariamente de proyectos a futuro, sino de proyectos que están corriendo. Si recibes un corte porque el estudio tiene que ver con el cambio climático, no es que el proyecto se altera por un tiempo, es que básicamente se destruye porque estamos trabajando con seres vivos”, alertó el profesor, quien entre 2022 y 2024 obtuvo $479,355 de tres subvenciones del USDA.
El USDA suspendió en marzo más de $100 millones en subvenciones a la Universidad de Maine que fue puesta bajo investigación por el gobierno de Trump por no acatar la orden ejecutiva del presidente que prohíbe la participación de niñas y mujeres trans en deportes femeninos. La cancelación de fondos ocurre luego de que en febrero la gobernadora de este estado, Janet Mills, tuvo un encontronazo con Trump en la Casa Blanca cuando el presidente amenazó con retirar fondos al gobierno de Maine si no acataban las órdenes ejecutivas relacionadas con los géneros.
El USDA también canceló el 25 de enero una subvención de $10,000 a la Universidad Interamericana, Recinto de Barranquitas, para capacitar a 100 agricultores de Puerto Rico en prácticas agrícolas “climáticamente inteligentes”, denunció el rector Juan Negrón. “La idea principal del proyecto era mejorar la producción de alimentos y, en este caso, se enfocaba en que, al practicar agricultura, es necesario considerar las condiciones del ambiente”, explicó.
Negrón mencionó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés) también canceló este semestre la evaluación de una propuesta sometida para acceder a $10 millones para un proyecto de justicia ambiental en comunidades de Orocovis, y que incluiría análisis de la contaminación de ríos en la zona y adaptación comunitaria ante desastres, como huracanes. En el proyecto también participarían investigadores del RUM y de la UPR, Recinto de Río Piedras, explicó el bioquímico.
La política pública de Trump en contra del cambio climático también hace estragos en la UPR en Humacao donde el Servicio Forestal de Estados Unidos (U.S. Forest Service en inglés) puso en pausa una solicitud de fondos presentada por el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social (ITIAS), del Departamento de Ciencias Sociales, para crear una red comunitaria de justicia climática en el este de Puerto Rico, denunció el sociólogo ambiental Alejandro Torres Abreu.
Según Torres Abreu, la propuesta permitiría a ITIAS acceder a $300,000 del U.S. Forest Service que serían complementados con $500,000 por parte de Sea Grant Puerto Rico.
“Por la política de Trump, agencias federales como el U.S. Forest Service acatan esa política y, como [la solicitud de fondos] estaba en proceso de evaluación y la agencia no la había firmado, detuvo el proceso hasta no clarificar qué pasará y cuáles son las directrices respecto a esos procesos de financiamiento. Por lo tanto, me afecta por la manera en la que planteé el desarrollo del proyecto”, dijo Torres Abreu, quien dirigió el ITIAS entre 2016 y 2023.
Anticipan “mordaza” a la innovación científica
La eliminación de convocatorias de investigación científica así como la penalización de estudios que incluyan términos como “cambio climático”, “raza”, “diversidad” o “justicia climática” podrían generar autocensura y desinterés en investigadores para someter propuestas a fondos federales o incluso preferir enfocarse en otras líneas de investigación para evadir la presión impuesta por Trump, alertó el profesor Manuel Valdés Pizzini, director del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) que se estableció hace 19 años en el RUM.
“Es una mordaza a la innovación, a la integridad y a la creatividad de la comunidad científica”, sentenció.
Valdés Pizzini forma parte del proyecto de investigación Mapas de Inundaciones Adaptados a Puerto Rico que realiza la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras, en colaboración con el Programa federal Sea Grant Puerto Rico y el CIEL, con una subvención de $750,000 de la NOAA vigente hasta el 2027.
“Los proyectos que tengan que ver con la observación de cómo se comporta el océano, si son objeto de recortes, ya no tendremos esos datos tan importantes. Se eliminaría todo un componente científico que tiene también todo un componente de educación porque todos estos proyectos los hacemos también para capacitar a toda una nueva cepa de investigadores. Iremos perdiendo todo un cuadro de gente que no se meterá en estos campos porque no hay los fondos para trabajar en investigación”, advirtió Valdés Pizzini.
Para el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, profesor de Física en la UPR en Carolina, las investigaciones climáticas también se verán limitadas por los recortes, despidos y la censura que padecen las agencias federales como la NOAA en sus operaciones, pues las agencias ya no tendrán la capacidad de recolectar información y datos que son consultados por otros científicos.
“Independientemente de que todavía no nos afecten, sí se limitarán las investigaciones porque las órdenes ejecutivas están penalizando a las agencias como NOAA, FEMA o NASA, que generan bases de datos. Si tenemos menos personas generando bancos de datos, y si [por ejemplo] no tenemos datos de las boyas y de los satélites de NOAA, nuestras investigaciones se verán afectadas”, dijo.
La meteoróloga Ada Monzón alertó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), que está bajo la NOAA, no estaría lanzando instrumentos de “radiosondas” con la frecuencia usual debido a “limitaciones de personal” en sus oficinas. “Estos instrumentos dan información del perfil vertical de la atmósfera y son los datos que alimentan los modelos que utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos”, explicó Monzón en una publicación en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, el meteorólogo Ernesto Morales, del SNM, aseguró que los servicios que provee la agencia para la recolección y divulgación de datos, al menos en Puerto Rico, permanecen inalterados hasta ahora.
“Hay una reestructuración de la agencia, que no se sabe mucho qué va a pasar, pero lo que sí se sabe es que no se afectarán los servicios y las maneras en las que recopilamos la información a través de satélites, estaciones meteorológicas o radares. Nada de eso se espera que sea afectado en el corto plazo como parte de esta restructuración”, dijo al CPI.
La administración Trump ha recortado al menos 800 puestos en la NOAA a nivel central, incluyendo funciones críticas en el Centro Nacional de Huracanes y el Centro de Predicción de Tormentas, además de recortes en el Centro de Predicción Climática, que, entre otras cosas, proporciona datos meteorológicos críticos en toda África y el seguimiento del fenómeno de El Niño-La Niña, así como el Centro de Predicción Meteorológica, enfocado en América del Sur.
Chocan opiniones por “ajuste” del lenguaje en propuestas de investigación
Entre los investigadores entrevistados por el CPI hay opiniones distintas sobre el ajuste del lenguaje de sus propuestas de investigación para evadir las políticas restrictivas de Trump sobre el cambio climático.
Algunos, como el profesor Tavárez del RUM, consideran que modificar términos como “cambio climático” o “calentamiento global” en sus solicitudes de fondos podría ser una estrategia necesaria para asegurar el financiamiento federal y lograr sacar adelante los proyectos, mientras que otros defienden que preservar el lenguaje es una forma de mantener la integridad científica y la honestidad en el planteamiento de sus proyectos.
“Lamentablemente, escribir las palabras ‘cambio climático’, ‘calentamiento global’, ‘equidad de género’, me pone en desventaja. Yo, aunque me sienta incómodo y pienso que éticamente no es correcto, lo tendría que hacer [omitir esas palabras] porque siento que no le darían visto bueno a las propuestas”, expresó el profesor de economía agrícola.
El director de Sea Grant en Puerto Rico, Ruperto Chaparro, también está de acuerdo en ajustar los lenguajes para evadir la limitación de fondos. Dijo que el enfoque en la redacción de propuestas debe dar prioridad a los impactos que provoca el ambiente, como inundaciones u olas de calor, y no en conceptos “sombrilla”, como la crisis climática.
“Hay una lista de palabras que no se deben utilizar. En vez de hablar de ‘cambio climático’ puedes hablar de los impactos. Tienes que jugar el jueguito y cambiarle el título y ponerle algo que esté relacionado y que no mencione esas palabras. Aquí en Puerto Rico estamos acostumbrados a la ley de mordaza por ser una colonia. Cuando aprendes a jugar el juego, lo importante es el resultado”, dijo Chaparro. Sea Grant opera con $2 millones de fondos otorgados por la NOAA que son pareados al 50% por la UPR.
El profesor Pablo Méndez Lázaro, investigador principal del Caribbean Climate Adaptation Network del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, entiende que se puede optar por otros conceptos como “oscilación climática” si se llega al extremo de no poder usar el concepto cambio climático para solicitar fondos federales. El investigador forma parte de un estudio que mide la intersección entre el clima y la incidencia de cáncer en Puerto Rico con una subvención de $1.1 millón de los NIH.
Aunque Hernández Ayala reconoció que esta coyuntura daría paso a tener que “maquillar” las propuestas para tratar de llevarlas adelante, en su caso se posicionó en contra de omitir conceptos porque “no son del agrado de la administración actual”.
“Como científico no puedo negar la realidad de lo que estamos viviendo a nivel global y en Puerto Rico. No puedo negar el cambio climático. Por más que quiera decir que el calor extremo no existe y que no está relacionado con el cambio climático, sería una irresponsabilidad de mi parte tener que ajustar mis investigaciones sólo porque a está administración le incomodan esas palabras porque no van con sus intereses económicos”, opinó el planificador.
En esa misma orilla se paró Barreto Orta al sostener que seguirá usando el término cambio climático en sus estudios y propuestas de investigación.
“Personalmente seguiré trabajando con el tema del cambio climático. Aunque haya personas que no favorezcan ese abordaje, yo no voy a esconder algo que sé que es cierto. Tengo una responsabilidad como investigadora, aunque quizás tenga que cambiar las estrategias para llevar los mensajes”, dijo en referencia a que se enfocaría más en comunicar cómo estas situaciones impactarán la calidad de vida de la gente que, por ejemplo, no puedan asegurar sus casas por estar en zona inundable, y no tanto en el impacto al hábitat.
Presidente interino de la UPR minimiza el asunto y sus implicaciones
El CPI supo a través de dos fuentes separadas que, al menos en los recintos de la UPR en Río Piedras y Humacao, profesores han estado reuniéndose para discutir cómo se abordará la censura por parte de la administración Trump a la academia y, según las fuentes, hay posturas en contra y a favor de ajustar los lenguajes.
Aunque no ve problema en ajustar el lenguaje de las propuestas para evitar recortes de fondos, el presidente interino de la UPR no fue claro al decir si esa será la postura oficial de la Universidad sobre cómo manejar la política pública impuesta por la administración Trump.
“Cuando viene un llamado de propuesta viene con unas directrices y objetivos específicos. Decir que hay un conflicto ético porque uno cambió un título de una propuesta, yo no veo ningún conflicto. Esa propuesta va a un comité de colegas que las evalúan (…) Creo que es un ‘issue’ que está exagerado en la parte de cómo se manifiesta, porque usted responde a un llamado de propuesta. Si yo tuviera un conflicto ético en términos de someter una propuesta, la decisión es del investigador de no someterla”, señaló Muñoz.
Ante este escenario, Méndez Tejeda destacó que es urgente que la administración universitaria tome posturas claras sobre cómo se aplicarán las órdenes ejecutivas de Trump, pues dijo que estas medidas no solo afectarán las investigaciones en ciencias naturales, sino que debido a que el cambio climático afecta directamente a la sociedad, también se podrían reducir los estudios que miran las intersecciones climáticas con las ciencias sociales.
“Estamos retrocediendo casi a los años 60 o 70 si se sigue con la limitación y la censura a una serie de cosas que se entendían ya superadas. Es una censura que limitará a la academia porque si tampoco puedo trabajar con los temas de diversidad, raza e inclusión, todos esos temas se verán afectados, no sólo en las ciencias naturales, pero también en las ciencias sociales que tampoco podrán acceder a propuestas”, alertó.
Barreto Orta señaló que en el escenario promovido por las políticas de Trump aumentarán la negación hacia el cambio climático y retrocederán los avances en la conciencia ecológica que se ha generado en la ciudadanía.
“El escenario es malo porque, aún sin tener las políticas de Trump, no se aceptaba la erosión costera como una amenaza para la gente. En los pasados años hubo unos pequeños cambios y vimos avances. Aquí la interrogante es cuál será la postura de las universidades a partir de estas nuevas posturas, porque los científicos no nos detendremos”, sentenció .
Todos los investigadores entrevistados dijeron al CPI que no han recibido ninguna comunicación oficial de la administración universitaria en la que se instruya cuál es el curso a seguir con las investigaciones que serían contrarias a las directrices del gobierno federal. Tampoco conocen cómo la UPR adoptará las órdenes ejecutivas de Trump ni qué medidas se están tomando para identificar fondos que permitan la continuidad de la operación de la institución y sus investigaciones.
El presidente interino negó la falta de comunicación y dijo que en su primera reunión con los rectores de los 11 recintos, tras asumir el cargo el 18 de febrero, una de las instrucciones principales que dio fue que los profesores se mantuvieran dando seguimiento a las directrices de las agencias federales respecto a las órdenes ejecutivas de Trump.
“Me asombra ese comentario porque en la primera reunión que este servidor tuvo con todos los rectores este fue uno de los asuntos que se mencionó y constantemente los rectores están recibiendo esas comunicaciones y los investigadores también. Pero ya que me traes el planteamiento, tal vez lo que me dice es que tengo que reafirmar mis instrucciones en cuanto a eso”, dijo al CPI.
En su primer informe ante la Junta de Gobierno de la UPR, Muñoz indicó que se le da seguimiento continuo a las directrices y cambios que llegan de las agencias federales, pero no hay un proceso específico para notificarlo a la comunidad universitaria.
El profesor Colón Rivera por su parte advirtió, que “si estos proyectos se cancelan luego de haber sido revisados por pares y aprobados por las agencias, y faltarán cuatro, dos o un año, y de momento bloquean el dinero, pensaría que una forma en que Puerto Rico se puede mantener haciendo investigación y ayudando a los estudiantes es que se buscase manera de complementar dinero por este plazo con dinero local. Y ¿cómo se puede conseguir? O el Gobierno lo atiende o la Junta de Control Fiscal [JCF] tiene que soltar el dinero que le ha quitado a la UPR, o el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología buscar asignar algo para evitar que se caiga todo. Sería desastroso que se caigan todas las investigaciones”.
El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico no respondió una solicitud de comentarios del CPI para conocer si las restricciones de Trump han afectado las investigaciones que realizan o el flujo de fondos.
Sal sobre la herida
La eliminación de convocatorias para fondos federales destinados a la investigación sobre el cambio climático representa un desafío adicional para las finanzas de la UPR, que desde 2017 enfrenta un recorte del 51.6% en sus fondos de operación debido a las medidas de la Junta de Control Fiscal (JCF).
La UPR además se encuentra ante la posible pérdida de otros $5.4 millones en fondos destinados a investigaciones sobre salud si se concreta la propuesta de Trump de limitar hasta un 15% los fondos para gastos administrativos y operacionales de las subvenciones otorgadas por los NIH.
“Hay una expectativa por parte de la Universidad de que nosotros los profesores que empezamos nuestra carrera académica, en mi caso este es mi primer año en la UPR, parte de la responsabilidad es someter propuestas y adquirir fondos para investigación. Pero ahora es más difícil. Desde la Universidad debemos pensar en cómo podemos ir recortando la dependencia de estos fondos y hacer que la Universidad vuelva a recibir los fondos desde el Estado o de otras entidades globales o sin fines de lucro”, expresó el profesor Hernández Ayala.
En medio de este panorama, Muñoz dijo que, aunque diversos foros exigen la restitución de la fórmula aplicada por ley, que otorgaba el 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico a la Universidad, esta medida no es viable debido a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico.
“La realidad es que pensar que nos van a reintegrar la fórmula no es una realidad factible. Nosotros tenemos que tomar las medidas con el presupuesto que tenemos, utilizarlo con la mayor efectividad y eficiencias y cumplir con una reestructuración universitaria”, sostuvo Muñoz.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.