El Departamento de Educación (DE) favoreció este jueves un proyecto que busca establecer la “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional” y ordenar a la Puerto Rico Innovatition and Technology Service (PRITS) la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital que contenga información sobre los servicios prestados por los departamentos de Salud (DS), Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) a personas con diversidad funcional.
La Lcda. Saraí Ruiz, de la División de Política Pública de Educación, apoyó en vista pública conjunta de las Comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social, el Proyecto de la Cámara 387 tiene como fin “optimizar los procesos administrativos, eliminar la duplicidad de gestiones y garantizar que las personas con diversidad funcional accedan a los servicios esenciales de manera eficiente, ágil y sin interrupciones”.
Según la agencia, 96,400 estudiantes de educación especial serían beneficiados por esta propuesta.
La deponente indicó que en la actualidad “el DEPR ya cuenta con una plataforma (Mi Portal-MIPE) en la que se registran y mantienen los datos de los estudiantes con diversidad funcional a los cuales les brindamos servicios”.
De igual manera, señaló que en esta plataforma se agrupan datos demográficos, de sus condiciones, los servicios que reciben como las terapias, transportación y equipo especializado que trabajan con el estudiante, como los académicos.
La representante del DE informó que este sistema, que utiliza un numero único, actualmente recibe y comparte datos con otros de sus sistemas y del Datawarehouse.
“Entendemos que el MIPE podría conectarse fácilmente a la plataforma que desarrolle PRITS, de forma sencilla, en coordinación con la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, la Oficina de Sistema de Información está disponible para asistir y coordinar con PRITS para el logro y cumplimiento de esta ley”, sostuvo.
Por su parte, Daniel Soto, director de la Sección de Servicios de Adultos con Discapacidad Intelectual de Salud, opinó que “la creación de un expediente digital único es esencial para mejorar el acceso a servicios para personas con diversidad funcional. Al centralizar la información, se busca facilitar la continuidad en la atención y disminuir la carga administrativa que enfrentan los pacientes y sus familias”.
Soto indicó que “la adopción de esta legislación podría conllevar una mejora notable en la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, al facilitar un acceso más rápido y eficiente a los servicios que requieren. Esto abarca la eliminación de duplicidades y la optimización de la gestión documental”.
De otro lado, la Dra. Rosa Lugo Cabán, administradora de la ARV, calificó el proyecto como “una propuesta avanzada, novel, que no está en otras jurisdicciones” por lo que avaló la medida que “fortalecerá el proceso de transición de los estudiantes con impedimentos del Departamento Educación hacia la vida adulta facilitando el movimiento de éstos de la escuela a las actividades post escolares. Además, fomentará un mecanismo de referimiento ágil y responsivo a nuestra agencia, eliminando procesos burocráticos y redundantes”.
A renglón seguido, Isabel Salgado, en representación del Departamento de la Familia (DF), respaldó la medida y señaló que ya la agencia cuenta con una plataforma digital para atender a programas como Child Care que está bajo la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral De La Niñez (ACUDEN), por lo que una vez este proyecto sea aprobado los procesos de elegibilidad y otros servicios que necesiten serán casi inmediatos.
La pieza legislativa establece que la vigencia de esta propuesta será a los 180 días luego de ser firmada por la gobernadora, Jenniffer González Colón, lo que levantó interrogantes por parte de los legisladores quienes le otorgaron al director ejecutivo del PRITS, Antonio J. Ramos Guardiola, cinco días para informar si se necesita un periodo más amplio para establecer este Registro Único.
Otro de los cuestionamientos que presentaron los representantes fue la seguridad que tendrá este sistema debido a que se trabajará con datos médicos, evaluaciones y diagnósticos de las personas que estén dentro del registro.
Ante ello, todos los deponentes indicaron que ya sus sistemas son trabajados mediante altos estándares de seguridad y no se descartó por parte de PRITS que la información sea encriptada para una capa adicional de seguridad de los datos.
A preguntas del representante Víctor Parés Otero, quien lidera la Comisión de Gobierno, Ramos Guardiola no pudo contestar cuál sería el costo de este proyecto, por lo que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) fue integrada para realizar un estudio del presupuesto necesario para la propuesta.
Mientras que a preguntas del representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, la administradora de la ARV tuvo que admitir que debido a la falta de servicios para personas con discapacidad intelectual que no cualifican para los servicios de su agencia “hay un área de oportunidad para legislar ya que las oportunidades son bien limitadas y muchas veces los padres tienen que dejar de trabajar para atender a sus hijos”.