En el turno de Víctor Ramos Otero, designado secretario del Departamento de Salud (DS), ante la comisión total del Senado, trascendió que el médico obvió, cuando fue nominado al puesto en la agencia, que había sido expulsado de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC) por controversias relacionadas al plan médico no concretado bajo su presidencia.
A preguntas del senador Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), también abundó que la licenciada Verónica Ferraiuoli, como abogada del colegio, cobró miles de dólares por servicios legales que involucran la gestión de los asesores legales del plan médico, CMC Care Holdings, LLC.
“Usted tiene una versión y los documentos tienen otra”, refutó el senador del PIP tras aclaraciones de Ramos Otero de que, aunque los cheques emitidos a la hoy secretaria de Estado son del colegio, los servicios que ofrecía eran para “verificar las cosas [legales del plan] en protección del colegio”. El plan médico contaba con dos abogados, los licenciados Jorge Mendín y Rubén Rivera Mojica.
En defensa de su gestión, Ramos Otero reiteró que “no es sujeto de investigación” por los señalamientos esbozados en las auditorías de la firma Sharon & González, que verbalizó que no reconoce, ni por malversación de fondos de ayuda por Covid-19.
También alegó que el consejo de ética del CMC, que iba a radicar una querella administrativa en su contra por aceptar préstamos sin consulta a la Junta de Gobierno, desestimó, por segunda vez, su caso, anoche (26 de marzo). Según el nominado, el comité se había reunido en busca de una resolución positiva en su contra para que el presidente actual del colegio, Carlos Díaz Vélez, lo usara en su ponencia de esta mañana.
Vaivén para concretar el plan médico
Por otro lado, reveló que también intentaron entrar al Plan Vital (Plan de Salud del Gobierno) bajo una propuesta y luego de que habían incurrido en los préstamos ascendentes a $175,000 para estudios actuariales.
Denunció, no obstante, que la propuesta tampoco fue exitosa porque, tras que fue entregada un día tarde, no incluyó un cheque y la compañía administradora Health Management Initiative (HMI) no sometió una declaración jurada que certificara que no había hecho fraude al gobierno.
“Ellos no entregaron eso. Al otro día, que la abogada [de la Administración de Seguros de Salud] me dijo eso, los boté”, sostuvo. La compañía del plan Golden Cross, con quien iban a comprar licencia, tampoco sometió esa documentación.
Próximamente contrataron a Jesús del Valle para solicitar una nueva licencia bajo un plan comercial para el que hacía falta capital de $600,000 para la Oficina del Comisionado de Seguros, que iban a conseguir a través de un inversionista farmacéutica de la Ley 60. Pero tampoco prosiguió, y nuevamente cayeron los fondos para el plan.
En entrevista previa con este medio, Ramos Otero constató que originalmente se había solicitado el préstamo de $175,000 para estudios actuariales que serían sometidos a Medicare Advantage.
Ante los señalamientos publicados, los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández y José Santiago Rivera articularon, en sesión, su oposición al nombramiento del nominado, mientras que los funcionarios Roxanna Soto Aguilú y Gregorio Matías Rosario, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP), se mostraron a favor.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.