El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, presentó ayer, viernes la petición presupuestaria de la agencia para el año fiscal 2025-2026 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
“Este presupuesto es una hoja de ruta que nos permitirá garantizar la calidad y continuidad de los servicios educativos, atender nuestras responsabilidades legales y dar paso a la transformación que nuestra niñez merece”, expresó Ramos Parés.
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El presupuesto consolidado solicitado asciende a 5,130 millones de dólares, con 2,969 millones provenientes del fondo general. Esta cantidad representa un aumento de 99 millones respecto al año fiscal vigente y responde a la atención de 237,550 estudiantes distribuidos en 870 escuelas.
Entre las prioridades presupuestarias figuran la reconstrucción de planteles mediante la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción, programas de recuperación del aprendizaje, expansión del Programa de Educación Especial, aumentos salariales, y un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para el personal no docente.
El Departamento enfrenta el reto de la culminación de los fondos federales ESSER que ayudaron en áreas como seguridad, transportación, mantenimiento y servicios compensatorios. Por ello, se solicitó una asignación estatal robusta para mantener estos servicios, en especial los remedios provisionales en Educación Especial.
Educación no cerrará escuelas en agosto, pero evalúan ajustes
Aunque no se contempla el cierre inmediato de escuelas para el inicio del semestre en agosto, el DE evalúa actualmente el impacto de la baja matrícula en la eficiencia operativa y el uso de fondos públicos.
Así lo reconoció el secretario durante la vista ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
“Hoy no se está planteando un cierre de escuelas para agosto, pero sí se está haciendo un análisis para entender dónde estamos parados con la matrícula, cuántos estudiantes tenemos y qué impacto presupuestario representa mantener escuelas con baja matrícula”, expresó Ramos Parés.
Según detalló el secretario, cerca de 200 escuelas están funcionando con una cantidad tan baja de estudiantes que terminan afectando el resto del sistema.
“Estamos viendo cerca de 200 escuelas que le quitan presupuesto al resto de las escuelas para su operación. No le damos una operación óptima a las que tienen estudiantes y tampoco a las que no los tienen”, indicó.
Este análisis busca lograr un equilibrio entre la eficiencia del uso de recursos y la necesidad de cercanía geográfica, especialmente en municipios con poblaciones dispersas.
“Yo sé que todos quisiéramos tener la escuela al lado de nuestra casa, pero la realidad es que también se impacta la calidad del servicio cuando no hay suficiente matrícula para justificar la operación”, dijo Ramos Parés. Mencionó como ejemplos pueblos de zonas y pueblos rurales, donde la densidad poblacional representa un reto para mantener escuelas abiertas con grupos completos.
“No se trata de cerrar por cerrar. Vamos a seguir evaluando con datos, con sensibilidad y con responsabilidad fiscal”, dijo.
Inversión por estudiante
Durante la vista, el secretario también ofreció detalles sobre la inversión por estudiante. Para el estudiante regular, el gasto aproximado con fondos estatales es de $2,800. Sin embargo, al considerar fondos estatales y federales combinados, la cifra asciende a $5,376 por alumno.
En el caso de los estudiantes de educación especial, el costo por estudiante es considerablemente más alto. “En promedio, podemos estar hablando de cerca de $5,000 adicionales por estudiante para cubrir servicios y nómina”, explicó Ramos Parés, reconociendo que estos fondos responden a obligaciones legales y necesidades particulares del estudiantado.
Entre los principales desafíos que enfrenta el departamento, Ramos Parés señaló el excedente de maestros que se genera cuando no hay suficientes estudiantes para crear grupos.
“Cuando no hay grupos suficientes, surgen excedentes. Hemos estado buscando formas de asignarles funciones: dividir grupos, dar servicios directos o integrarlos a proyectos especiales”, indicó.
Además, alertó sobre el resurgimiento del ausentismo docente, un problema que se había logrado controlar en años anteriores con incentivos, pero que volvió a aumentar.
“Hubo incentivos que funcionaron, pero necesitamos retomar estrategias para atender el ausentismo. Es un reto que impacta directamente el aprovechamiento académico”, puntualizó.
Otro tema discutido fue el uso de maestros sustitutos. El secretario explicó que cada escuela tiene un plan interno para atender ausencias, pero su ejecución depende del director escolar. Sostuvo que el recurso está disponible, pero el proceso de activación varía de escuela en escuela.
Las interrupciones académicas por cancelaciones frecuentes de clases también despertaron preocupación. Ramos Parés informó que se identificaron planteles donde no se ofrecieron clases durante varios días consecutivos.
“En algunos casos extremos, se reportaron hasta siete viernes seguidos sin clases”, denunció.
A raíz de estos señalamientos, se planteó la necesidad de limitar la flexibilidad actual en el calendario escolar, que algunos directores estarían utilizando de forma excesiva. “Estamos viendo cómo se abusa de esa flexibilidad. Vamos a proponer que toda modificación requiera autorización previa. No puede ser que un director adapte el calendario sin justificación”, afirmó.