Centro de Periodismo Ivestigativo
En respuesta a una demanda millonaria por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos del convicto Hermes Ávila Vázquez, la compañía Physician Correctional afirmó que ninguno de los foros que investigó la excarcelación del feminicida ha encontrado fallas de parte de la empresa que opera el programa de salud correccional.
“[N]os sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Bárbara Méndez, directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional, en un comunicado de prensa.
Pero la compañía sí falló en varias instancias, según revelan los informes de las investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de Justicia y el Senado sobre el proceso de excarcelación de Ávila Vázquez, quien fingió ser parapléjico, logrando su excarcelación bajo la Ley 25 de 1992, que permite la salida de confinados con enfermedades terminales.
Tanto la pesquisa del DCR como la del Senado encontraron que hubo algún tipo de negligencia por parte de Physician Correctional, cuyos médicos evaluaron la solicitud del confinado y recomendaron su excarcelación. Aunque el Departamento de Justicia concluyó que la empresa no incurrió en delitos, determinó que los médicos de la empresa incumplieron con el reglamento que rige el proceso de liberación del reo.
Sin embargo, Physician Correctional, registrada corporativamente como Physician HMO, afirmó en el comunicado que las investigaciones “concluyeron que [Physician Correctional] cumplió con todas las disposiciones de su contrato y que no se pudo establecer que hubiera habido negligencia alguna”.
Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años de reclusión por el asesinato de otra mujer, Celia López García, cuando el DCR le otorgó en 2023 un pase extendido para salir de prisión por su alegada condición de salud, bajo la Ley 25 de 1992. El reglamento sobre el procedimiento para atender las solicitudes de excarcelación bajo esta ley establece que el confinado debe pasar por una evaluación médica inicial y que luego un panel médico debe evaluar su expediente.
El panel de doctores de Physician Correctional que evaluó el expediente médico del confinado Ávila Vázquez encontró que, al supuestamente ser parapléjico, cumplía con los criterios para ser excarcelado. La recomendación del panel médico formó parte de los elementos que el DCR tomó en consideración para otorgarle el pase extendido al reo.
Un año después de ser liberado, Ávila Vázquez asesinó a Meléndez Vega, en abril de 2024. El asesino confeso fue sentenciado a 102 años de cárcel por ese feminicidio.
El pasado 14 de abril, la familia de Meléndez Vega demandó por $41 millones al DCR y a Physician Correctional, entre otros, por la presunta negligencia de los funcionarios que intervinieron en el proceso de excarcelación de Ávila Vázquez. “El reo logró salir a la libre comunidad burlando todos los requisitos aplicables de la agencia”, reza la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
Una auditoría de UTICORP, empresa contratada por el DCR para evaluar el desempeño de Physician Correctional, encontró que el proceso de revisión del panel médico fue deficiente e incompleto. La empresa auditora concluyó, además, que no se realizaron pruebas para confirmar el diagnóstico de paraplejia y que existen múltiples razones por las que se debió denegar la solicitud de Ávila Vázquez.
La investigación interna del DCR, con fecha de mayo de 2024, concluyó que Physician Correctional fue “negligente en su proceder” y que los médicos que recomendaron la excarcelación de Ávila Vázquez “no realizaron esfuerzo alguno por conocer la totalidad de la información médica que debieron examinar para formalizar recomendaciones” a la agencia. Recomendó, además, que el DCR reevalúe “la continuidad del contrato” con Physician Correctional. Pero el contrato no se ha cancelado.
En tanto, el informe final de la investigación senatorial de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, junto con la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, presentado el pasado 19 de diciembre, indica que “la compañía ha demostrado un patrón de incumplimiento con las cláusulas contractuales”, por lo que también recomienda la cancelación del contrato entre el DCR y Physician Correctional.
Sin embargo, un informe de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), en aquel momento minoría, sometido en oposición al informe final de las comisiones, dice que no se puede “concluir responsablemente” si Physician Correctional incumplió con alguna ley o reglamento. Aun así, reconoce que en “varios testimonios” durante las vistas públicas, que se extendieron de mayo a septiembre de 2024, “admitieron graves fallas en el manejo del caso de marras que es imperioso corregir”.
Mientras, el Departamento de Justicia encontró que ni los médicos de Physician Correctional ni los funcionarios del DCR que manejaron el caso del feminicida incurrieron en los “delitos de fraude, incumplimiento del deber o negligencia en el cumplimiento del deber”. La investigación, sin embargo, determinó que los médicos que conformaron el panel que recomendó la salida de Ávila Vázquez “no ejecutaron todas las gestiones profesionales requeridas por las normas existentes”.
“La función del panel [médico] es un elemento esencial e indispensable, aunque no el único, para que se conceda el pase extendido por condición de salud”, reza el informe de la investigación, con fecha de octubre de 2024. “En vista de ello, la recomendación de los médicos tiene que ser responsable y competente, haciendo uso de los recursos, tales como estudios, exámenes, laboratorios y otros”.
El Departamento de Justicia refirió en octubre de 2024 a los miembros del panel médico de Physician Correctional ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica por el posible incumplimiento de las prácticas de la profesión. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Departamento de Salud una actualización sobre el referido, pero no recibió respuesta al momento de publicación.
Physician Correctional ha administrado los servicios de salud correccional desde octubre de 2018. En septiembre de 2023, el DCR renovó por casi $73.8 millones el contrato con la empresa, que vence en septiembre de 2028.
La gobernadora Jenniffer González prometió que su administración cancelaría el contrato del DCR con Physician Correctional. Pero el secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones Rivera, dijo a principios de abril, en una vista de presupuesto en la Cámara de Representantes, que la agencia se encuentra en la etapa de “discusión interna” sobre un análisis del contrato.
En una entrevista reciente en Radio Isla, Quiñones Rivera rechazó responder si entiende que Physician Correctional brinda buen servicio y dijo que sería “cuidadoso con hacer expresiones públicas sobre la evaluación a la que estamos llegando”.
El CPI reveló en noviembre de 2024 que, a pesar de los cuestionamientos por el manejo del caso de Ávila Vázquez, el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción le otorgaron a Physician HMO el año pasado contratos que sumaban casi $6.8 millones.
También, el CPI reportó el pasado febrero que el DCR pagó más de $483,000, entre 2017 y 2022, a la empresa Health Strategy Consulting para que evaluara el cumplimiento de Physician Correctional y el anterior operador del programa de salud correccional con sus obligaciones contractuales. Pero el DCR no tiene evidencia del trabajo que debió realizar, y que cobró, Health Strategy Consulting.