El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, Luis A. Renta Rosa, favoreció el Proyecto de la Cámara 233, que busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 16 años, aparte de requerir que en los establecimientos donde vendan estos productos se coloque un letrero que advierta sobre la prohibición de su uso por esta población.
Su posición fue presentada ante la Comisión de Salud de la Cámara baja, que preside el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien es autor de la legislación que, a su vez, pretende advertir sobre los riesgos de su consumo por parte de mujeres embarazadas y personas con condiciones cardiacas.
“La Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, así como los cardiólogos en Puerto Rico, en Estados Unidos en Europa y alrededor del mundo hemos visto suficiente evidencia para dar nuestra recomendación que los niños no deberían consumir bebidas energizantes”, señaló el galeno, quien recomendó que la prohibición sea hasta los 18 años, aunque sostuvo que estas bebidas son un peligro en cualquier edad
“Las condiciones que pueda tener un menor, que puede hasta morir por consumir estos productos, no son diagnosticadas típicamente hasta una edad más avanzada de lo que son los 21 o hasta los 40 años en algunas poblaciones”, enfatizó Renta Rosa.
El presidente de esta organización trajo a la atención que “los niños que utilizan estos productos típicamente no son como los que se han estudiado en diferentes ensayos clínicos donde se estudian el efecto de estas bebidas en una manera aislada, sino que son menores que también pueden consumirlos para ir al gimnasio, además de café y refresco”.
Así también trajo a colación los efectos en la salud cardiovascular de pacientes menores que son diagnosticados con déficit de atención y otras condiciones que requieran medicamentos que los pueden predisponer a una arritmia al añadir el consumo de estas bebidas, que según señaló “le puede costar la vida”.
El deponente enfatizó que “el sistema de salud de Puerto Rico no está preparado para atender estas condiciones, necesitamos desarrollar unos procedimientos de orientación pública, educar sobre lo que es la resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) en nuestras escuelas y el uso de los desfibriladores”.
Renta Rosa advirtió que en el caso de la mujer embarazada “el estar consumiendo bebidas energizantes está asociado con un aumento de pérdida del embarazo, así como de complicaciones durante el embarazo que son difíciles de manejar; en el embarazo no podemos dar cualquier medicamento y eso nos limita, si tengo siete u ocho herramientas para controlar un paciente hipertenso, en el embarazo tengo tres que son más seguras que otras, otras dos que se pueden dar un poquito y de ahí en adelante no tenemos más”.
El médico recomendó que una opción a estudiar es “el desarrollo de algún tipo de impuesto por la venta de este producto u otro tipo de mercancía que pudiera determinarse que pudiera acelerar un evento cardiovascular, tal y como se impone a los cigarrillos”.
El representante Rodríguez Aguiló señaló que iba a considerar esta sugerencia.
“Yo no creo en los impuestos, pero yo creo que hay algunos que son necesarios”, opinó el legislador.
Con los fondos obtenidos de estos arbitrios, sugirió se pague para adiestrar a la población en el manejo de técnicas de CPR en las escuelas, cada dos años en los niveles de sexto, noveno y grado once o se utilice para pagar el mantenimiento de los desfibriladores, y la obtención de estos equipos para tenerlos en más áreas.
Por otro lado, Kim J. López, ayudante del secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, presentó un memorial a favor de esta medida ya que, según un estudio realizado en el 2023 sobre los efectos de estas bebidas en niños y adolescentes en los Estados Unidos, reveló que el 45 por ciento de los eventos adversos reportados afectaron el sistema cardiovascular, el 33 por ciento al sistema neuropsicológico y el 22 por ciento a otros órganos.
López citó otro estudio del 2011, que señala que las bebidas energéticas suelen contener niveles elevados y no regulados de cafeína, lo que puede dar lugar a efectos adversos severos especialmente en niños que padecen condiciones como convulsiones, diabetes, problemas cardiacos o trastornos del estado de ánimo y del comportamiento.
La ponencia firmada por el secretario sugiere que se aumente la edad de prohibición a los 18 años y que se elimine la obligación de publicar los nombres comerciales de las bebidas en la página web puesto que “podría dar a los jóvenes la impresión que estos productos están fácilmente disponibles”.
Mientras que el Centro Unido de Detallistas (CUD) no se presentó a la vista pública, pero envió un memorial en contra de la medida indicando que “al presente la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) regula estos productos por lo que se puede se puede entra en un campo ocupado por leyes federales”.
“Invitamos a considerar, que el contenido del proyecto ante consideración podría incidir con leyes federales, puesto que al presente el aviso de riesgos de consumo está regulada por el FDA. Actualmente estos avisos están presentes en la envoltura de estas bebidas, por mandato federal y acorde a las especificaciones de alerta y riesgos determinados por la agencia”, puntualizó el memorial.
“El FDA tampoco ha impuesto restricción alguna de edad en la venta de estas bebidas. Solo siete estados, de un total de 50, han restringido la venta de bebidas energizantes en menores, pero no ha sido de forma generalizada como propone la presente medidas, sino que han establecido la limitación dirigida a aquellas bebidas energizantes que posean más de 80 o 100 milígramos de cafeína por 9 onzas”, añadió la ponencia del CUD.
El CUD indicó que “cualquier definición de bebida energizante debe estar basada en bebidas con un mayor contenido de cafeína de 100 miligramos por nueve onzas de fluido y la restricción de venta basado en edad, debe estar acorde con los límites de cafeína de 100 miligramos ya aprobados como seguros para un joven”.
Para finalizar, el presidente de la comisión lamentó que ningún miembro del CUD se presentara y dijo que buscaba que opinaran sobre las mezclas que tienen este tipo de producto, las cuales no mencionaron en la ponencia.
“Quería discutir la parte médica, cómo llegaron a esa conclusión. Ellos hablan de los rótulos, sé que estamos sobre legislados en cuanto a la rotulación, así que vamos a enmendar el proyecto para que el aviso sea mediante un qr code para establecer la información y la prohibición del producto, que eso es un sello que apenas ocupa espacio”, comentó el legislador.
En la audiencia pública participaron las representantes Omayra Martínez Vázquez y Sol Y. Higgins Cuadrado, quienes se mostraron a favor de la medida y señalaron que sus preguntas iban dirigidas al CUD.