La controversia sobre los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha encendido un acalorado debate en los últimos días. Como de costumbre, se trata de un enfrentamiento ideológico disfrazado de un alegado progreso donde los derechos individuales y la seguridad quedan relegados en nombre de una vaga noción de “inclusión”. En esta ocasión, la medida legislativa propuesta por la representante Lisie J. Burgos Muñiz, portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, para prohibir los baños inclusivos en dependencias gubernamentales apunta a proteger a las estudiantes mujeres de posibles actos lasivos, priorizando la seguridad sobre la ideología. Y no, no es discriminación; es sentido común.
Desde que la UPR implementó los baños inclusivos en 2019, las denuncias por actos inapropiados han ido escalando, aunque muchas víctimas no han formalizado sus quejas, afirman, por miedo a represalias. ¿Qué esperábamos que sucediera cuando no se brindan suficientes mecanismos de vigilancia en espacios compartidos por personas de diferentes géneros? ¿Acaso pensábamos que las buenas intenciones bastarían para sustituir la supervisión estricta y la regulación adecuada?
La medida de Burgos Muñiz no busca marginar, sino evitar una crisis potencial derivada de una falta evidente de control. Propuesta con sensatez, la iniciativa aún deja margen para los baños unisex individuales, mostrando que no se trata de excluir, sino de preservar un entorno seguro y funcional.
El corazón de este problema gira en proteger el derecho fundamental a la intimidad y seguridad personal. ¿Desde cuándo se considera polémico querer preservarlos? En 2016, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito falló a favor de Gavin Grimm, un estudiante de una escuela secundaria en Virginia que presentó una demanda, en 2015, impugnando la política de su escuela que requería que los estudiantes usaran baños según su sexo biológico. Aunque el colegio implementó opciones como baños unisex y permitió que Grimm expresara su género según se auto percibía, se negó a otorgarle acceso al baño reservado para los varones, provocando la oposición de ciertos padres y aumentando la tensión en la comunidad.
El caso de Grimm expuso divisiones profundas sociales entre quienes defienden la validez de las políticas basadas en la identidad de género y quienes sostienen que el sexo biológico debería ser el criterio decisivo. El fallo de la Corte de Apelaciones subrayó cómo las narrativas subjetivas sobre identidad y género han influenciado el sistema judicial de Estados Unidos. Sin embargo, hay que levantar bandera ante los riesgos de adoptar políticas basadas en percepciones individuales que intentan subyugar argumentos de razonabilidad constitucional a ideologías de género como construcción social. Los baños no son el salón de clase. En el salón de clase, la discusión teórica de distintas visiones de mundo no afecta la intimidad de nadie, pero cuando sales del salón y te metes al baño, ese es otro entorno. Allí la construcción social se desnuda ante la realidad biológica puramente binaria. ¿Debería un estudiante biológicamente masculino poder acceder al baño femenino? No.
Un enfoque basado en el derecho a la intimidad, como el desarrollado por el juez Niemeyer en su disidencia en Grimm, ofrece un fundamento sólido en derecho. Para el juez Niemeyer, “una persona tiene un interés legítimo e importante en la intimidad corporal, que se ve afectada cuando su cuerpo desnudo o parcialmente desnudo está expuesto ante otros, especialmente ante quienes son del sexo biológico opuesto”. Y este interés es aún más apremiante en espacios como baños compartidos, donde las normas básicas de convivencia deberían anteponerse a cualquier agenda política.
Los detractores de la medida presentada por la representante Burgos Muñiz parecen ignorar esta realidad. Sus argumentos giran en torno a la idea de que la identidad de género debe primar sobre la biología, dejando de lado las necesidades de quienes quedan en una posición vulnerada. Claro, porque lo importante no es cuestionar cómo proteger mejor a los más expuestos, sino imponer una narrativa ideológica que parece priorizar la experimentación social sobre la seguridad real de las personas.
No nos equivoquemos, los baños inclusivos, en su estado actual, no son un símbolo de progreso, sino un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden convertirse en mala política pública. La idea detrás de ellos es simple y noble en teoría, pero en la práctica, sin una estructura adecuada, se han convertido en tierra fértil para abusos y tensiones. Y esto no debería sorprendernos. Si sabemos que un espacio no tiene vigilancia eficaz, si asumimos que la simple inclusión mejorará automáticamente la convivencia, estamos abriendo la puerta no solo al caos, sino a potenciales situaciones de abuso, como las que se han denunciado en la UPR.
Lo más grave de todo es que las víctimas reales de estos actos son silenciadas por la narrativa dominante. El temor de expresarse o levantar la voz ante lo que consideran una amenaza a su seguridad personal no solo erosiona su dignidad, también demuestra el fracaso de este modelo supuestamente inclusivo.
Por mucho que los defensores de los baños inclusivos griten “discriminación”, la medida de Burgos Muniz demuestra que la inclusión no debe ni puede venir a costa de la seguridad e intimidad de otros. ¿Es tan difícil de entender que las personas quieran sentirse seguras en un lugar tan íntimo como un baño? El debate no debería estar únicamente dirigido a permitir o prohibir estos espacios. Un buen inicio puede ser la creación de baños unisex individuales, que, tal como lo señala la representante, no están dentro de la medida. Esto garantizaría inclusión sin comprometer la seguridad colectiva. Pero esto no sucederá si seguimos priorizando agendas políticas por encima de soluciones prácticas.
Defender la intimidad y el sentido común, en este debate, no es discriminar. ¡Adelante, con fe!