El feminicidio sigue siendo una de las formas más brutales de violencia de género, y Puerto Rico enfrenta una de las tasas más altas del hemisferio occidental. Entre 2020 y 2024, la isla ha mantenido una preocupante tasa promedio de 3.41 feminicidios por cada 100,000 mujeres, superando a países como Estados Unidos (2.40) y México (2.15). Esta tendencia persiste a pesar de la existencia de organizaciones como el Observatorio de Equidad de Género, Proyecto Matria y la Casa Protegida Julia de Burgos, cuyo trabajo ha sido obstaculizado por la falta de apoyo institucional sostenido.
Desde el gobierno, iniciativas como la declaración del estado de emergencia en 2021 y la creación del Comité PARE han buscado respuestas estructurales. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por su ejecución limitada, la escasez de recursos y la falta de mecanismos de fiscalización. Las reformas legales y campañas de prevención tampoco han logrado frenar el ciclo de violencia, en parte por la debilidad institucional y la falta de formación obligatoria con perspectiva de género en los cuerpos policiales y judiciales. Además, la capacitación institucional no ha sido sistemática ni constante, lo cual reduce el impacto real de cualquier política pública adoptada.
Frente a este panorama, resulta fundamental observar las estrategias adoptadas por países de la OTAN como España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá. Estas naciones han implementado modelos exitosos como tribunales especializados, uso de tecnologías para proteger víctimas, campañas integradas y planes nacionales con enfoque interseccional. España, por ejemplo, cuenta con una ley integral de protección desde 2004; Francia ha incorporado dispositivos electrónicos de geolocalización para agresores; Alemania ha desarrollado una extensa red de refugios para mujeres; e Italia ha tipificado el feminicidio como delito autónomo. El Reino Unido y Canadá han invertido en programas de rehabilitación para agresores y sistemas de datos que permiten evaluar el impacto de las políticas.
Aunque la relación de Estados Unidos con la OTAN se ha visto tensada desde que Donald Trump asumió la presidencia —cuestionando el compromiso financiero de los países aliados y la propia relevancia de la alianza—, las prácticas implementadas por los países miembros continúan siendo referentes válidos en la lucha contra el feminicidio. Las experiencias de estos países demuestran que el compromiso estatal sostenido y la coordinación interinstitucional son claves para alcanzar resultados sostenibles.
Puerto Rico tiene la oportunidad de adaptar estas estrategias, fortaleciendo sus sistemas de protección y garantizando un enfoque integral que incluya educación, justicia y salud. Solo así podrá avanzar hacia la erradicación de una violencia que no solo arrebata vidas, sino que perpetúa la desigualdad estructural de género.