Organizaciones defensoras de la salud, las mujeres, los derechos humanos y los animales se opusieron hoy, lunes, a dos proyectos de ley que limitarían el acceso a la información pública y cuya aprobación advirtieron perjudicará la salud pública y la participación democrática.
Las expresiones se hicieron durante unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
El proyecto del Senado 331 —de la autoría del senador Juan Oscar Morales— busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico (de defunciones y natalidad), mientras que el proyecto del Senado 63 — de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz — impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019). El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas, pese a que ya el P. del S. 331 pasó la semana pasada con un informe positivo a la Comisión de Reglas y Calendario.
Los cambios propuestos a la Ley de Transparencia no sólo aumentan a dos meses — el doble de tiempo — el plazo para entregar la información, sino que imponen el requisito de notificar a jefes de agencia cada solicitud, eliminan la posibilidad de solicitar información en formatos digitales accesibles, y exigen incluir la dirección postal y correo electrónico en las solicitudes, lo que afecta a ciudadanos sin acceso a estos recursos.
En el primer día de las vistas ciudadanas, que se extenderán hasta mañana martes en el Salón Félix Ochoteco del CAAPR, depusieron cinco organizaciones cuya gestión social se verá dificultada a consecuencia de estas medidas. Sin embargo, concurrieron en que es la ciudadanía quien más se perjudicará por los obstáculos que presentan las enmiendas. “Esta ley es para que cualquier persona que desee mejorar la gestión pública, lo pueda lograr sin tener que pasar por tantas trabas burocráticas”, expuso la consultora de abogacía del Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico, Amy Orta, al expresar su oposición a las enmiendas.
En cuanto a la prohibición para divulgar los datos del Registro Demográfico, el director de Investigaciones de Kilómetro 0, Luis Avilés, enfatizó que “sin acceso a esas fuentes de información, el país y, sobre todo, las comunidades marginadas, son quienes van a pagar las consecuencias”. Avilés describió el Proyecto del Senado 331 como “un proyecto que inadvertidamente promueve el control gubernamental del conocimiento científico”.
Por ejemplo, si Kilómetro 0 no hubiera tenido acceso a los datos de las defunciones del Registro Demográfico, los analistas e investigadores no hubieran podido revelar que, desde hace 15 años, la primera causa de muerte de menores de edad en Puerto Rico son las armas de fuego, ni que los jóvenes de 15-20 años son el grupo poblacional en mayor riesgo de mortalidad como consecuencia de la acción policial. Ninguno de estos datos fueron dados a conocer por el gobierno mediante informes oficiales. “Para proteger la vida de la niñez y la juventud del país se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, puntualizó Avilés.
La legislatura presenta estas medidas en un tiempo en que hay una “ola de intervenciones gubernamentales dentro de instituciones científicas en Estados Unidos”, contextualizó Avilés, al tiempo en que llamó a la comunidad científica a “ser la primera en tener claro que hay que defender el acceso a la información, porque mejorar la salud pública requiere de conocimiento científico”.
Otras dos organizaciones que depusieron fueron Vínculo Animal — dedicada a combatir la crueldad contra los animales — y el Observatorio de Equidad de Género — que monitorea y analiza la situación de violencia y equidad de género en Puerto Rico. Ambas explicaron cómo están atendiendo vacíos de información dejados por el Estado en cuanto a investigaciones de salud pública, una labor que se vería entorpecida por estos cambios legislativos.
Mediante solicitudes de información bajo la Ley de Transparencia, “se logró tratar a más de 500 animales que vivían bajo el maltrato institucional en el Zoológico de Puerto Rico y el Centro de Confinamiento en Cambalache, para que en su última etapa de vida vivieran dignamente”, dijo Sahir Pujols, directora ejecutiva de Vínculo Animal. El activismo de esta organización contra el maltrato animal se ha amparado, en gran parte, en la capacidad de hacer solicitudes de información al gobierno, para así fiscalizar el cumplimiento con los estatutos y referir al Departamento de Justicia los posibles delitos.
Pujols dijo que aumentar a dos meses el plazo de entrega de información, como propone el P. del S. 63, “compromete la capacidad de activar mecanismos de protección, poniendo en peligro la vida de los animales”. La organización ha presentado cinco demandas de acceso a la información contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y una contra un municipio, que se negaba a divulgar las condiciones en que tenía a los animales que recogía de la calle. “Es una forma de abrirle los ojos a los municipios para que vean esas responsabilidades que tienen”, expresó.
La directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, advirtió, por su parte, que ambas medidas amenazan con desmantelar el trabajo que hace esa entidad para documentar y visibilizar los datos de feminicidios. “La restricción del acceso a la información es, en esencia, un atentado a la memoria y a la dignidad de quienes han sufrido las consecuencias de la violencia y la inequidad. Cada dato que se oculta es una voz silenciada, cada demora en la entrega de información es una oportunidad perdida para hacer justicia y prevenir futuros casos”, destacó.
Figueroa explicó que esta documentación es esencial para evidenciar los problemas que requieren intervenciones de política pública. Su organización lo logra mediante el monitoreo de los datos provistos por la prensa y su contraste con datos oficiales, en especial, los que produce el Registro Demográfico. “Es un efecto dominó: la prensa no tiene acceso a la información y nosotros, a su vez, no vamos a tener acceso a la información de la prensa, que es más accesible para nosotros que la información oficial del Estado”, detalló.
Entretanto, el licenciado Carlos Chévere, comisionado de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del CAAPR, resumió tres problemas que presenta el proyecto del Senado 63: fortalece la facultad discrecional y arbitraria de las agencias para negarse a dar información; introduce formalismos o burocracia innecesaria; y establece sanciones poco efectivas.
Orta, del Resiliency Law Center, explicó cómo cada uno de esos cambios facilitan que el gobierno ignore las solicitudes y dificultan que la ciudadanía pueda leer y analizar efectivamente los documentos públicos. Contó su experiencia cuando el Departamento de Agricultura le pidió una prórroga para entregar información y luego permaneció en silencio, como si nunca hubiera enviado solicitud alguna. La agencia ha demorado siete meses desde que hizo su solicitud original en junio de 2024, y aún le debe un documento, lamentó.
Orta exhortó a los legisladores a abrir el proceso a vistas públicas.
El panel que recibió las ponencias fue conformado por la directora del CPI, Carla Minet, el abogado del CPI, Carlos Francisco Ramos Hernández, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales del CAAPR, la Lcda. Vivian Pellicier. Estudiantes del programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana apoyaron con la relatoría y la preparación de un informe que se compartirá con la legislatura.
Las vistas públicas ciudadanas continúan mañana martes, a partir de la 1pm en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.