El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, mostró su apoyo a la medida presentada en la Legislatura, que busca separar a la uniformada del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
En una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, se analizó la creación de la Ley de la Policía de Puerto Rico, propuesta en el Proyecto del Senado 421.
“Después de un análisis de esta medida, manifiesto mi total respaldo y apoyo a su aprobación, ya que representa un avance significativo en la gestión y administración de la seguridad pública en Puerto Rico. La separación del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública es el paso necesario para fortalecer la autonomía operativa, administrativa y presupuestaria de la Policía de Puerto Rico, permitiendo una respuesta más ágil y eficiente ante los retos de seguridad, criminalidad y orden público en la isla”, comentó González.
Asimismo, explicó que la separación del Negociado de la Policía del DSP permitirá fortalecer su autonomía operativa, administrativa y presupuestaria, facilitando una respuesta más ágil y eficiente ante los retos de seguridad, criminalidad y orden público.
No obstante, recomendó consolidar el contenido del P. del S. 421 con el lenguaje del Proyecto de la Cámara 406, ya que tuvo participación directa en su redacción, para asegurar que se reflejen adecuadamente las necesidades administrativas y operacionales del cuerpo.
Detalles del Proyecto del Senado 421
El Proyecto del Senado 421, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), propone una transformación estructural del sistema policiaco de la isla mediante la creación de una nueva entidad autónoma denominada “Policía de Puerto Rico”, separándose del Departamento de Seguridad Pública (DSP), al que actualmente está adscrito como Negociado.
La nueva ley establecería un cuerpo con autonomía administrativa y fiscal, con presupuesto propio y facultades operativas plenas, para atender de forma más eficiente la criminalidad, mejorar la gestión de recursos humanos y fiscales, y cumplir con los requisitos de la Reforma Sostenible de la Policía.
La medida, que a su vez es proyecto de Administración, establece que la autoridad máxima de esta nueva Policía será el Gobernador, pero su administración diaria recaerá sobre un Superintendente, nombrado con el consejo y consentimiento del Senado, y asistido por Superintendentes Asociados y Auxiliares.
Este tendrá amplias facultades para establecer:
- Estructura organizativa y reglamentos internos.
- Sistema de rangos, uniformes y adiestramientos.
- Programas de reclutamiento y estrategias de combate al crimen.
- Coordinación con agencias estatales, federales e internacionales.
Asimismo, el Superintendente será responsable de:
- La recopilación y divulgación de estadísticas criminales.
- La creación de unidades especializadas.
- La implementación de sistemas de alerta como AMBER, SILVER, ROSA y otros.