En un país donde la inseguridad alimentaria afectó al 30% de la población en 2024, según un estudio de la organización Feeding America, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde decidió colocar el tema de la alimentación al centro de la mesa legislativa.
Con cuatro medidas distintas, la legisladora propone transformar la forma en que se maneja, distribuye y produce el alimento en Puerto Rico, tanto en el sector público como en el privado. Su objetivo es elevar el acceso a alimentos al nivel de un asunto de seguridad nacional.
“Esto es sencillo. Tiene que ver con la comida del sector privado y del gobierno. Hay supermercados que entregan productos que van a desechar, pero no deben botarlos en zafacones. Así reducimos el uso de vertederos y evitamos problemas sanitarios”, explicó Álvarez Conde en entrevista con Metro Puerto Rico.
La pieza más ambiciosa de su paquete legislativo es el Proyecto del Senado 569, que crearía la “Ley de Alimentos para el Pueblo”. Inspirada en modelos europeos como el de Francia, esta medida obligaría a los supermercados a mantener un inventario de productos cercanos a su fecha de expiración, para que organizaciones sin fines de lucro autorizadas puedan recogerlos y destinarlos a programas de alimentación.
“En Francia, los supermercados no pueden botar la comida. Aquí no les impongo una carga adicional: solo deben tener un inventario claro. Las carnes, las latas, todo eso se puede aprovechar. En vez de desecharlo, las organizaciones registradas podrían recogerlo. Si tenemos hambre, ¿por qué dejar perder ese alimento?”, planteó la senadora.
El alcance de su propuesta también incluye al aparato gubernamental. El Proyecto del Senado 568, titulado “Ley para el Manejo de Excedentes de Alimentos en el Gobierno”, prohibiría que agencias, incluyendo los comedores escolares, descarten grandes cantidades de comida cocida en buen estado.
“Descubrí que muchas veces esa comida termina en los cerdos. Una cosa es que sobre un poco de arroz, otra muy distinta es que se boten bandejas enteras”, reveló.
Álvarez Conde aseguró haber presenciado desperdicios considerables. “He estado en actividades donde prepararon demasiadas hamburguesas, y luego botaron 78, además de bandejas de arroz con habichuelas y pollo”, recordó.
Ambos proyectos incluyen cláusulas que protegen legalmente a las entidades receptoras, apoyándose en el Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act, legislación federal que exime de responsabilidad civil a quienes donan alimentos en buen estado de buena fe.
Una tercera medida, el Proyecto del Senado 570, para crear la “Ley para la Transformación de Propiedades en Desuso en Centros de Producción de Alimentos”, propone rehabilitar edificios y terrenos abandonados para desarrollar producción agrícola urbana. La idea es fomentar modelos como la hidroponía, acuaponía y huertos verticales en estructuras disponibles por región. Estos son sistemas de cultivo de alimentos que optimizan el espacio y recursos.
“Aquí hay mucha política de parchos. Esta es una propuesta de seguridad alimentaria. Identifiquemos estructuras vacías y convirtámoslas en centros agrícolas. En vez de seguir malvendiendo propiedades públicas, pongámoslas al servicio del país”, argumentó.
La senadora propuso, además, que cada municipio desarrolle una especialidad agroalimentaria. “Mi sueño es que tengamos la capital de los huevos, o del lechón. Aquí todo el mundo come lechón, pero el 95% llega de afuera. No puede ser”, criticó.
La cuarta medida es una resolución conjunta que solicita al Departamento de Seguridad Pública la elaboración de un Plan de Seguridad Nacional enfocado en garantizar el acceso a alimentos durante emergencias.
“Al elevar este tema al nivel de seguridad nacional, le damos prioridad inmediata. Si falla algo, el Estado tiene la responsabilidad de actuar”, afirmó.
Como ejemplo de lo que no puede repetirse, recordó la crisis de distribución tras el huracán María. “Hubo escándalos por botellas de agua almacenadas mientras la gente no tenía qué beber. Cualquiera que retenga suministros cuando hay necesidad le está fallando al país. Y si hablamos de seguridad nacional, eso debería considerarse delito”, señaló.
Las cuatro medidas fueron referidas a las comisiones legislativas correspondientes para su evaluación. De ser avaladas por el Senado, requerirán la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón, así como la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.