Conforme a señalamientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en su último plan fiscal certificado se podría recortar hasta 400 millones en fondos para el Crédito Por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), lo que impactaría a más de aproximadamente 200 mil familias vulnerables en Puerto Rico.
Así lo detalló un estudio de la organización Espacios Abiertos (EA).
En el último plan fiscal certificado, la JSF planteó que el gobierno debería considerar ajustar criterios de el de elegibilidad para reducir el costo del programa de Crédito Por Trabajo en la isla. Según los últimos datos disponibles del Departamento de Hacienda, el programa alcanzó los $1,303 millones para el año contributivo 2023.
“El crédito por trabajo se aprobó en 2018 para favorecer directamente a familias de bajos y moderados recursos (…) En un contexto donde Puerto Rico tiene su economía en clara desaceleracion y donde sectores económicos importantes tienen difilcultades para encontrar empleados , un recorte desincentivara el trabajo en la economia formal, afectando nuestro desarollo economico”, destacó el codirector ejecutivo de EA, Daniel Santamaria Ots.
El estudio, además, detalló que está comprobado que el EITC reduce la pobreza e incentiva el trabajo. Asimismo, se informó que el programa desembolso $1,303 millones y concedió un crédito promedio de $1,873 a 695,689 familias en el año contributivo 2023.
EA determinó que los 10 municipios que podrían ser afectados por mayores recortes son San Juan con una eliminación de hasta $31.9 millones; Bayamón con $20 millones; Ponce con $17.6 millones; Carolina con $16.3 millones; Caguas con $13.6 millones; Arecibo con $10 millones; Toa Baja con $8.4 millones; Mayagüez con $8.3 millones; Toa Alta con $7 millones, y Guaynabo con $6.9 millones. Todos estos números son aproximados máximos de lo que cada municipio podría perder del programa EITC.
De hecho, la JSF dividió el posible recorte de fondos del programa por tres grupos poblacionales. El recorte impactará a 127,399 familias de jóvenes de entre 19 a 26 años, 86,735 familias de adultos mayores y 494,458 familias sin dependientes— quienes representan dos terceras partes del programa.
Con todos estos grupos en conjunto, la analista de política pública de EA, Wilmary De Jesús, indicó que encontraron que alrededor de 54,000 familias cruzaban la línea de pobreza, contando con la ayuda anual del programa.
“El tema de la pobreza y el crédito por trabajo nosotros lo llevamos trabajando ya varios años. Llevamos dos informes, (…) en ese momento lo hicimos por nosotros, con un análisis donde hablábamos de aproximadamente 54,000 familias que cruzaban la línea de la pobreza. No es que dejan de ser pobres, pero que mejoran su situación económica lo suficiente como para cruzar esa línea federal de pobreza. Luego, el año siguiente, trabajando con el Departamento de Hacienda, confirmamos lo que nosotros ya habíamos analizado”, aclaró la analista.
Espacios Abiertos indicó en su comunicado que las sugerencias de recorte de la JSF dejaría el presupuesto del programa con $900 millones. Y si el año que viene se concretan sus proyecciones y el programa llegase a los $1,400 millones, entonces el recorte dejaría un programa de aproximadamente $1,000 millones.
El estudio concluyó que el efecto directo de dicho recorte será el aumento de la actividad económica informal y la reducción de la tasa de participación laboral, que desde el inicio del programa en 2018 aumentó en 3.9 puntos porcentuales. En contraste, la Ley Núm. 22 de 2012 (ahora Ley Núm. 60 de 2019 o Código de Incentivos de Puerto Rico) tiene un gasto tributario de $683 millones proyectado para el año fiscal 2026.
Proyecto a consideración
Recientemente se sometió para consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aumentar de 0% a 4% la tributación de ingresos pasivos de los contribuyentes de la Ley 22.
“Un último informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluye que, si la propuesta de ley se adoptara, Puerto Rico podría aumentar los recaudos del Fondo General entre $27.8 y $60.6 millones en el año fiscal 2027. Además, el informe de la OPAL prevé que la extensión de los decretos vigentes de la Ley 22 a partir de 2037 generaría un aumento de $271millones por año. Dicho aumento en los recaudos superaría en más de la mitad el potencial recorte de hasta $400 millones al actual crédito por trabajo”, apuntó Santamaría Ots.
“Una reforma contributiva responsable debe preguntarse no solo cuánto cuesta cerrar el déficit, sino quién lo va a pagar. No podemos justificar un recorte de hasta $400 millones al crédito por trabajo mientras hemos dejado en la mesa $271 millones por cobrar a los beneficiaries de la Ley 22”, concluyó el codirector de EA.
Espacios Abiertos compartirá plantillas con los datos numéricos del impacto que podría tener los recortes a nivel municipal y de distrito senatorial. Estas plantillas serán compartidas a los alcaldes y legisladores correspondientes.
Los datos por municipio también se encuentran disponibles en la sección de herramientas a través de la plataforma oficial de la organización.