La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) condenó el arresto y desaparición de Aracelys, una ciudadana dominicana con visa de trabajo aprobada y Advance Parole.
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Según se ha reportado y denunciado, Aracelys acudió el 5 de junio al Municipio de Cabo Rojo para registrar un pequeño negocio que le permita sostener a su familia.
Sin embargo, la ACLU denunció que aún presentado pasaporte, visa y permisos en regla, un agente de la Policía Municipal alertó —sin orden judicial ni autoridad legal— a oficiales federales de inmigración. Aracelys fue detenida al salir de la alcaldía y trasladada fuera de Puerto Rico, hasta Texas, donde permanece incomunicada para su familia y su representación legal.
“Este caso exhibe la saña institucional contra las mujeres más vulnerables—sobrevivientes de violencia doméstica, mujeres negras, jefas de familia y de recursos limitados—quienes, en lugar de recibir protección, son criminalizadas por ejercer su derecho al trabajo y al emprendimiento”, expresó la ACLU en declaraciones escritas.
“Este operativo es un atropello infame,” denunció Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU-PR. “Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la ley VAWA y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad”, añadió.
Por su parte, El director legal de la ACLU-PR, Lcdo. Fermín Arraiza Navas, subrayó:
“La Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial. Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos.”
Envían carta a la gobernadora Jenniffer González Colón
El 9 de junio de 2025, la ACLU-PR remitió una carta formal a la gobernadora Jenniffer González, mediante la cual exigen:
· Transparencia inmediata sobre los datos entregados a Homeland Security y ICE
· Cese de toda colaboración extrajudicial entre cuerpos municipales y agencias federales de inmigración.
· Publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género, tal como ordenan la Constitución de Puerto Rico y la Ley VAWA,
· Suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial—incluido cualquier intento de aplicar el proyecto de Ley 139.
En la misiva, la ACLU-PR advirtió que la falta de acción “constituirá un aval estatal a la violación sistemática de derechos humanos” y anunció que agotará todos los foros legales y de fiscalización pública para proteger a las comunidades inmigrantes.
Exigen responsabilidad al municipio de Cabo Rojo
Igualmente, la organización hizo un llamado al alcalde Jorge A. Morales Wiscovitch, a que “adopte políticas claras de no colaboración migratoria y garantice que ninguna otra persona sea criminalizada por buscar ayuda o emprender un negocio”.