La organización Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) denunció este martes que las expresiones recientes de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, sobre la posibilidad de procesar penalmente casos de aborto en Puerto Rico “carecen de fundamento legal” y representan “una peligrosa distorsión de los derechos constitucionales”.
El colectivo reaccionó así luego de que Gómez Torres afirmara, en entrevista con Punto por Punto con Metro Puerto Rico y que luego repitió en otros medios, que el Departamento de Justicia aplicará activamente los artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito, salvo en las excepciones de riesgo a la salud de la madre y consentimiento informado. Según ALPR, esta interpretación contradice el estado de derecho vigente.
Aquí las expresiones originales de la Secretaria de Justicia:
“El aborto sigue siendo legal, seguro y accesible en Puerto Rico. Se practica conforme a derecho en clínicas médicas reguladas por el Departamento de Salud”, expresó la portavoz del colectivo, Rosa Seguí.
“El derecho no cambia con la administración”, señala ALPR
El grupo enfatizó que el precedente legal y constitucional no puede alterarse por un cambio en la dirección del Departamento de Justicia. Añadieron que el exsecretario Domingo Emanuelli había sostenido que la revocación de Roe v. Wade no alteró el marco legal puertorriqueño.
“Nuestros derechos permanecen precisamente para protegernos contra cambios arbitrarios de postura de gobiernos que atentan contra nuestra dignidad”, puntualizó Seguí.
ALPR recordó que los artículos del Código Penal que mencionó Gómez Torres se refieren a abortos forzados o realizados fuera del marco médico, y no criminalizan la terminación voluntaria de embarazos practicada por personal de salud autorizado.
Argumentos legales y constitucionales
Según la licenciada Patricia Otón, el criterio médico debe ser el único que prevalezca para determinar qué constituye un riesgo para la salud de una persona gestante, incluyendo aspectos de salud física, mental y social, conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mientras, la abogada Yanira Reyes Gil enfatizó que la Constitución de Puerto Rico garantiza derechos a la intimidad, la autonomía corporal y la dignidad, lo que impide que el Estado interfiera en decisiones personales sobre tratamientos médicos como el aborto.
Acusan campaña de desinformación
En el comunicado, ALPR también advierte que las expresiones de la secretaria podrían fomentar una “campaña de desinformación” que “infunde miedo, crea incertidumbre y obstaculiza el ejercicio de derechos fundamentales”.
“Intentar criminalizar el aborto en este contexto no solo es una distorsión del derecho vigente, sino que expone a las personas gestantes a mayor estigmatización, violencia institucional y riesgos de salud graves”, denunció Reyes Gil.
El grupo instó al gobierno a enfocar su atención en crisis reales como la falta de servicios médicos, la ausencia de educación sexual integral, la inseguridad energética y la pobreza, en lugar de perseguir “decisiones clínicas protegidas por la ley”.