El Senado de Puerto Rico aprobó este martes el Proyecto de la Cámara 179, que tiene como propósito establecer que se prohíba el uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes de nivel elemental e intermedio en las escuelas públicas de Puerto Rico.
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La medida aplica durante todo el horario escolar, incluyendo recesos y actividades organizadas por la institución.
La legislación responde a la creciente preocupación sobre los efectos negativos del uso inadecuado de dispositivos móviles en los entornos educativos. Según se argumenta en la exposición de motivos, el acceso constante a teléfonos inteligentes y otros aparatos tecnológicos ha generado distracciones significativas, fomenta el acoso cibernético y expone a los menores a contenido inapropiado.
La prohibición incluye dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, computadoras portátiles, audífonos, consolas de juego y cualquier otro equipo con acceso a internet o redes de telefonía. No obstante, se establecen excepciones en circunstancias específicas: cuando los dispositivos sean utilizados con fines educativos bajo supervisión del personal docente; en casos de emergencia debidamente justificada, y cuando exista un acomodo razonable por razones de salud o discapacidad certificado por un médico.
El Departamento de Educación será responsable de implantar esta política mediante la adopción de un reglamento. Dicho reglamento deberá incluir procedimientos claros para atender las violaciones a la ley, ofrecer mecanismos razonables de comunicación entre los estudiantes y sus padres o tutores durante el horario escolar, así como establecer lugares seguros para resguardar los dispositivos. Asimismo, se promoverá la educación sobre el uso responsable y seguro de la tecnología fuera del horario escolar.
Aprueban regular el uso de inteligencia artificial en propaganda política
A su vez, el Alto Cuerpo aprobó el proyecto para exigir que toda propaganda política indique si fue generada mediante inteligencia artificial.
El Proyecto del Senado 101, presentado por el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago, tiene como propósito enmendar la “Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas” y el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, a los fines de incorporar disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial (IA) en la propaganda electoral. La medida reconoce el impacto potencial de estas tecnologías en los procesos democráticos y establece como derecho del elector conocer si un anuncio político fue generado, total o parcialmente, mediante IA.
Entre los principales cambios, se añade al ordenamiento legal la definición formal de “inteligencia artificial” y se dispone que cualquier anuncio político, sea por radio, televisión, internet, prensa escrita o vallas publicitarias, que haya sido creado o modificado con IA debe incluir una advertencia clara y legible para el público. Si se trata de un anuncio radial, la medida requiere que se indique por audio el uso de inteligencia artificial en su creación.
Además, la medida establece penalidades para quienes inserten información falsa o alterada mediante IA en sistemas electrónicos administrados por la Comisión Estatal de Elecciones, sin ofrecer un aviso explícito sobre el uso de esta tecnología. Quienes incurran en estas prácticas podrían enfrentar penas de reclusión o multas. También se refuerzan los requisitos de divulgación en los anuncios financiados por comités de campaña, incluyendo la identificación del responsable del contenido y de la fuente del financiamiento, en los casos que involucren IA.
Medidas senatoriales aprobadas
Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 311 del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para enmendar la “Ley Para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de disolver la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado en la Ley 26-2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.
La exposición de motivos establece que esta Ley consolida la responsabilidad de crear y manejar el inventario de propiedades de la Rama Ejecutiva en el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) mientras que, confiere algunas de las responsabilidades actuales de la Junta Revisora, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Además, realizamos enmiendas técnicas a varios estatutos, con el fin de hacer más eficiente el manejo de las propiedades del Gobierno de Puerto Rico y de facilitar la imprescindible labor de mantener un inventario actualizado, certero y transparente”, añade la medida.
A su vez, el Proyecto del Senado 204, del senador Toledo López, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de establecer que los planteles escolares que sean cerrados, consolidados o reorganizados en virtud del mencionado Artículo, serán posteriormente destinados para, preferiblemente, albergar empresas generadoras de actividad económica en la comunidad circundante a la instalación. Esta Ley crea el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (en adelante, “CEDBI”) para que ejerza todas las facultades necesarias que pongan en vigor una mejor utilización de las propiedades inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.
Por otro lado, el Proyecto del Senado 508 del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, para enmendar la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de facilitar el proceso de obtención de documentos que son requeridos para solicitud o recertificación de la licencia provistos por instituciones, universidades o entidades autorizadas por medios electrónicos. Así como eliminar la premédica como requisito para la solicitud de la reválida; facilitar la obtención de la licencia de Puerto Rico a médicos que cuenten con licencia de en la jurisdicción federal y desean establecerse en Puerto Rico para ejercer la medicina.
También el Proyecto del Senado 618, del senador Toledo López, para establecer el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.
Otras medidas aprobadas de la Cámara de Representantes
El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 31, por petición de los estudiantes de la Escuela Vocacional Ana Delia Flores Santana de Fajardo ordena al Departamento de Educación integrar cursos electivos de Historia y Estudios Sociales al currículo del duodécimo grado en todas las escuelas superiores vocacionales. Entre los cursos que podrían ofrecerse se incluyen Historia de los Estados Unidos, Sociología, Economía y Derecho Laboral.
También recibió el aval senatorial el Proyecto de la Cámara 136, que deroga la Ley Núm. 63 de 1986, la cual prohibía la venta en Puerto Rico de artículos importados con frases como “Souvenir de Puerto Rico”. La derogación responde a la obsolescencia de dicha legislación, tomando en cuenta que leyes más recientes, como la Ley del Programa de Desarrollo Artesanal, ya exigen que los productos identifiquen su país de procedencia de forma clara y verificable.
De igual manera, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 212, que enmienda la Ley de Protección para los Miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con el fin de incluir de manera expresa a la nueva rama conocida como “Space Force”. La medida asegura que sus integrantes puedan beneficiarse de las protecciones y compensaciones provistas por dicha ley.
En asuntos contributivos, se aprobó el Proyecto de la Cámara 420, que enmienda el Código Municipal para congelar por cinco años la base contributiva del impuesto sobre inventario. La fórmula de valoración se basará en el promedio de los valores de los tres años previos, utilizando la tasa vigente del año fiscal 2024-2025. Esto permitirá a los comerciantes mantener niveles adecuados de abastos sin ser penalizados, al tiempo que se salvaguardan los recaudos municipales.
Asimismo, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 491, que busca establecer un sistema de notificación electrónica mediante CESCO Digital, correo electrónico o mensaje de texto para recordar a los conductores la renovación del marbete digital, con avisos automáticos 31 y 7 días antes de su vencimiento.