El Senado de Puerto Rico aprobó este sábado la Resolución del Senado 135, una medida para ordenar una investigación exhaustiva sobre el impacto de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla.
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La resolución, presentada por la senadora Roxanna Soto Aguilú, encomienda a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social a evaluar los efectos del fenómeno en el acceso a vivienda asequible, el desplazamiento de residentes, la presión sobre los servicios públicos y los cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios.
“(…) Este fenómeno provoca que, con el aumento en el valor de la propiedad, se provoque el desplazamiento de las personas que han residido por años en dichas comunidades y, por tanto, se altera la composición demográfica y socioeconómica de la zona”, expresó Soto Aguilú durante su turno en el hemiciclo.
La senadora argumentó que los cambios en zonas de alto valor inmobiliario han generado alzas en el costo de vida y han transformado los perfiles demográficos.
“Este fenómeno ha sido particularmente notable en sectores de alto valor inmobiliario como las zonas costeras y urbanas en desarrollo, donde se ha observado un aumento significativo en los precios de la vivienda, así como un cambio en el perfil socioeconómico de los residentes”, dijo.
Según la resolución, la investigación incluirá áreas geográficas que presentan signos de gentrificación activa, cambios en el valor de propiedades y en la renta promedio, desplazamiento de residentes por causas económicas, y la relación entre incentivos contributivos como la Ley 60-2019 y el desarrollo inmobiliario. El informe deberá rendirse en un plazo de 90 días desde su aprobación.
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La medida fue aprobada en el Senado, pero aún debe pasar a consideración de la Cámara de Representantes.