El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, compareció este miércoles ante el Departamento de Justicia como parte de la investigación sobre una orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), firmada por su actual secretario Waldemar Quiles Pérez, relacionada con la legalización de estructuras en La Parguera, Lajas.
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Según el legislador, la orden fue firmada apenas dos horas después de la designación de Quiles y antes de que fuera confirmado por el Senado. Esta disposición archivó automáticamente investigaciones pendientes, incluyendo aquellas sobre propiedades en la costa vinculadas a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
“Desde el inicio de mi gestión como senador he sacado a la luz pública irregularidades en este gobierno. En todos los casos, el tiempo me ha dado la razón”, expresó Hernández, aludiendo también a los nombramientos de Verónica Ferraiuoli y Arturo Garza.
El senador explicó que solicitó documentos como correos electrónicos y memorandos internos de la división legal del DRNA, pero nunca recibió toda la información. Durante la vista de confirmación de Quiles, dirigió su interrogatorio a esclarecer quién instruyó la firma de la orden. “Toda mi línea de preguntas fue sobre la validación de esa orden y quién le dio instrucciones de firmarla”, señaló.
Aunque su comparecencia fue una coordinación voluntaria y no una citación formal, Hernández dijo haber entregado información recopilada por su oficina. “Hay información que contradice la versión del secretario y apunta a la ilegalidad de la orden administrativa, con posibles presiones indebidas”, sostuvo. Añadió que, de confirmarse, el acto constituiría una violación de ley.
Además de considerarla ilegal, Hernández tildó la acción de inmoral y antiética. Criticó que la gobernadora no se inhibiera del proceso, dado el potencial conflicto de interés. “Ella debió echarse a un lado”, afirmó.
El legislador recordó que exsecretarios del DRNA como Javier Vélez Arocho, Carmen Guerrero, Anaís Rodríguez Vega y Robert Méndez habían advertido en sus momentos que medidas similares podrían violar leyes estatales y federales. “Anaís Rodríguez nunca firmó una orden como esta”, puntualizó.
La semana pasada, la exsecretaria Rodríguez Vega también fue citada como parte del proceso. Hernández aseguró que su objetivo es que se conozca la verdad y que esta investigación “llegue hasta La Fortaleza”.
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