La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó que el gobierno —a través de un tercero— realizará un nuevo proceso de contratación para la generación temporera de energía, luego de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitiera cambios sustanciales a la propuesta original y el Tribunal de Apelaciones detuviera la contratación previa.
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“Nosotros, cuando llegamos en enero, encontramos que Puerto Rico tenía un desfase de mucho más de 800 megavatios de eficiencia en la generación”, recordó la mandataria al explicar que ante ese panorama, el gobierno hizo una solicitud de propuestas para suplir esa capacidad de forma temporera durante los meses pico de verano.
Como parte del proceso, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) delegó en una empresa privada, 3PPO, la responsabilidad de manejar las subastas.
El nuevo inicio del proceso, fue adjudicado por la gobernadora a que el Negociado de Energía hizo demasiados cambios que alteraron las reglas del juego. “Automáticamente, eso cambia las reglas de vuelta de toda esa contratación”, señaló.
Ahora, todas las empresas que participaron inicialmente del proceso de competencia podrán volver a someter sus propuestas. Los licitadores tendrán 48 horas para someter sus propuestas.
Se espera que la firma encargada del proceso tenga un máximo de 10 días para evaluarlas y emitir su recomendación. La intención del gobierno sigue siendo tener energía temporera antes de que concluya el verano.
Gobernadora también tiene “preocupaciones” sobre contrato multimillonario de gas natural
De otra parte, González Colón admitió tener reservas sobre el contrato propuesto entre Genera PR y su empresa matriz New Fortress Energy para el suplido de gas natural licuado a la red energética de Puerto Rico durante los próximos 15 años, por un valor estimado de $20 mil millones.
El acuerdo fue objetado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que expresó serias preocupaciones sobre riesgos financieros, falta de transparencia y una exclusividad monopólica que limitaría la competitividad en el mercado energético de la isla.
“Yo también tengo reservas. La realidad es que yo creo que todos tenemos reservas”, expresó la gobernadora.
La mandataria recalcó que este proceso no fue manejado directamente por el gobierno, sino por la firma privada contratada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
“Esa firma privada es la que ha hecho todas estas evaluaciones. No es el gobierno de Puerto Rico el que hace contratos. Nosotros no hacemos esas subastas”, indicó, subrayando que tanto LUMA como Genera están obligadas a canalizar sus contrataciones a través de esta tercera entidad no gubernamental.
La carta más reciente de la Junta expone que, aunque 13 empresas solicitaron los documentos de la licitación, solo dos sometieron propuestas formales. Según la JSF, esto se debió a cambios sustanciales en los requisitos del proceso que no fueron notificados adecuadamente a todos los proponentes, afectando así la transparencia y el nivel de competencia.
Además, el contrato incluye una cláusula de compromiso de compra fija, lo que obligaría a la AEE a pagar por volúmenes de gas aunque no los consuma. La Junta calificó esta disposición como un riesgo que, en última instancia, impactaría negativamente a los abonados del sistema eléctrico.
“Este contrato impone obligaciones financieras significativas sin las protecciones adecuadas para PREPA y los consumidores,” subrayó la JSF en la carta firmada por su director ejecutivo, Robert Mujica.
La Gobernadora aseguró que el tema continúa bajo análisis técnico y político.
“Esto ha sido materia de discusión entre la Junta de Supervisión Fiscal, el director de las Alianzas Público-Privadas, el Secretario de Gobernación y esta servidora”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que los procesos “están vivos” y que actualmente “es la Junta de Supervisión Fiscal quien está haciendo las negociaciones” sobre el contrato.
De hecho, el zar de energía, Josué Colón recordó que las condiciones que hoy generan preocupación provienen de decisiones tomadas por administraciones anteriores.
“Esa exclusividad no se otorgó por esta administración. Esa exclusividad se otorgó por un contrato que fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal en el 2018 y que le otorgó la exclusividad a la compañía New Fortress del único muelle que hay en el área norte para poder entrar el gas natural”, dijo el zar.
La JSF recomendó extender temporalmente el contrato actual para garantizar el suministro energético mientras se completa un análisis más profundo de la nueva propuesta, considerada por la Junta como “el contrato más grande jamás sometido a su revisión bajo PROMESA”.