La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico evaluó en vista pública hoy, miércoles, la implementación del aumento salarial a oficiales correccionales conforme a la Ley 91-2022.
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“El asunto específico es el estado de implementación del aumento salarial y el pago retroactivo dispuestos en la Ley 91-2022 a favor de los oficiales correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Programa de Instituciones Juveniles, así como a los agentes de investigación y arrestos, bajo el Programa de Antelación al Juicio”, expresó el senador Gregorio Matías Rosario.
El Procurador del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, señaló múltiples deficiencias de las cuales destacó que la interpretación y ejecución de la ley ha generado incongruencias, particularmente en relación con el salario base y los aumentos establecidos por ley.
García Feliciano explicó que, aunque la ley establece un salario base de $2,350, algunos oficiales acudieron al tribunal en busca de un aumento adicional de $746.67. Sin embargo, el tribunal y la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) determinaron que no procedía el reclamo, al considerar agotados los remedios administrativos y calificar de errónea la interpretación del estatuto por parte del Departamento de Corrección. Según los estatutos de la ley aprobada en el 2022, se establecía el salario base de los oficiales correccionales, así como un monto adicional de $746.67.
El Ombudsman cuestionó por qué los Oficiales de Corrección no pueden ser equiparados al salario de los bomberos, quienes abogan por sueldos entre $2,500 y $2,550. Señaló que las funciones de ambos son riesgosas y que el salario actual es “inferior a lo justo y razonable”.
“Lo que le ocurre a los Oficiales de Corrección, en términos de acumulación de horas extras o el pago de estas, parece muy similar a lo que ocurre en la Policía de Puerto Rico: la ausencia de un salario base justo y razonable, es equivalente al no poder reclutar; a tener que trabajar 12 horas seguidas o doble jornada; a que haya Oficiales Correccionales que cobran $2,200 de horas extras quincenales; a que se ausenten otros varios días en la semana; a que no haya un trato digno hacia esos oficiales por parte de algunos superiores, provocando serias tensiones; a que superiores tengan que trabajar un turno con no más de 5 oficiales correccionales; a que haya superiores de más en algunas instituciones, ya sea por movimientos políticos o para reubicar a un supervisor indisciplinado, entre otras cosas”, añadió el Ombudsman.
Asimismo, denunció que los oficiales no reciben uniformes desde hace años y que los fondos asignados para ello han sido redistribuidos, lo que constituye otra deficiencia administrativa. También se levantó la preocupación por las horas extra acumuladas y no pagadas, situación similar a lo que ocurrió con la Policía de Puerto Rico entre 1996 y 2006. “Me parece, que, si este dilema continúa, es hora de exigirle a la Junta de Supervisión Fiscal, que separe un dinero, para llevar a cabo ese proceso de forma expedita”, aseveró García Feliciano.
Por su parte, la secretaria auxiliar de Gerencia y Administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Doria Martínez Guzmán, expresó que han cumplido cabalmente con el salario base, aunque reconoció ante la Comisión la existencia de una acumulación significativa de horas extra trabajadas por los oficiales de corrección que aún no han sido pagadas. Atribuyó esta situación a la escasez de personal en las instituciones penales, lo que ha forzado a muchos oficiales a cubrir turnos extendidos sin la debida compensación.
“El DCR cumplió cabalmente con el mandato establecido. Estableció un salario base de $2,350 mensuales y mejoró las condiciones de vida de estos servidores públicos… A partir de julio de 2022, se logró el aumento mensual de $500, sufragado con fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA). A su vez, el Cuerpo de Oficiales de Custodia recibieron un aumento salarial de 15% luego del cumplimiento con el Plan Fiscal del año 2022, emitido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico”, comentó la secretaria auxiliar.
Ante esto, el senador Matías Rosario hizo hincapié en que la ley es clara de que los $746.67 deben ser adicionales, representando un aumento al salario base de $2,350; y no la interpretación que se ha hecho de utilizar los $746.67 para llegar al salario base. “Esto es una ley firmada, con una intención legislativa clara… la ley dice que vamos a llevarlo [el salario base] a $2,350 y otorgarle $746.67 adicionales”, sentenció. Esto representaría un aumento de $43.7 millones anuales adicionales y un aproximado de $87 millones en retroactivo.
Cabe resaltar que, actualmente en la Cámara de Representantes existe el proyecto cameral 633 que establece que los oficiales comiencen en $3,000. Referencia que hizo la senadora Ada Álvarez Conde, ante el favorecimiento por parte del DCR al proyecto. Explicó que “si uno suma más o menos los $2,300 con $700, pues son $3,100. Así que, básicamente, podemos establecer que, si están a favor de un proyecto que está en cámara, para que el salario base sea $3,000, no debe haber ningún problema con que se identifique que es $2,350 más los $746.67”.
Por otro lado, Martínez Guzmán explicó que el DCR ha solicitado fondos adicionales y que mantiene conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal, con el objetivo de identificar alternativas para cumplir con el pago de horas extra. Asimismo, indicó que se están fortaleciendo los procesos internos de registro y validación de estas horas, y que se evalúan nuevas estrategias para atender la carga laboral del personal correccional de manera más efectiva.
Asimismo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), emitieron una ponencia en conjunto, donde cita que “la OGP trabajó los Planteamientos Presupuestarios que autorizaron, conjuntamente con autorizaciones de la Junta, los aumentos que permitió el ajuste a un salario base de $2,350 mensuales. El presupuesto asignado al DCR contempla las asignaciones correspondientes para la consecución de los pagos dispuestos en la ley, por ser pagos recurrentes. Por ende, forman parte del presupuesto de la agencia”.
El licenciado Roberto Rivera Cruz, en representación de AAFAF, destacó que en cuanto al programa ARPA, no se estarán utilizando dichos fondos para este año fiscal, pues el programa cerró y en el presupuesto en curso se identificaron otras partidas de forma recurrente.
De otra parte, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) sometió una ponencia escrita en la que se excusó de participar presencialmente en la vista pública, al entender que el asunto objeto de la investigación no recae directamente bajo su jurisdicción.
No obstante, en su comunicación, la OATRH indicó que toda compensación por tiempo extra trabajado debe estar sustentada por una certificación oficial de la agencia patronal, en este caso, el Departamento de Corrección, y que dicha certificación debe cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente. Además, indicaron que las reclamaciones de este tipo deben tramitarse conforme a los procesos dispuestos en las leyes laborales y administrativas aplicables al servicio público.