Organizaciones y expertos en salud mental criticaron que la nueva Ley 63 de 2025 que prohíbe tratamientos hormonales o cirugías de afirmación de género a menores de edad, no está basada en criterios médicos y podría aumentar los casos de salud mental.
La psicóloga y sexóloga Alice Pérez Fernández, quien coordina el Frente Amplio de Acción Social, enfatizó que esta población, que está en un proceso activo de identificación, es parte de una minoría malentendida que recibe mucho prejuicio y discrimen. “Cuando no se le da [apoyo a] esa afirmación, vamos a tener, en caso de salud mental, más depresión, más ansiedad, más intentos suicidas, que está en contra de su bienestar integral”.
Lee también: Alerta en Puerto Rico por fin de apoyo especializado a jóvenes LGBTQ+
Hasta un informe reciente de The Trevor Project sobre Puerto Rico encontró que el 65 % de los jóvenes LGBTQ+ encuestados reportaron síntomas de ansiedad; el 55 %, depresión; el 40 % pensó en el suicidio; y el 18 % lo intentó.
La afirmación empieza desde que alguien “pueda ser quién es”, dijo, y puede continuar con el tratamiento de hormonas para pausar cambios físicos en la pubertad, lo que le permite más tiempo para asimilarse a su identidad.
Sobre las terapias de afirmación, explicó: “Esto es un proceso que lleva tiempo. Va de la mano de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y consejeros. No es al azar. Se hacen evaluaciones psicológicas para descartar condiciones de salud mental, se hacen evaluaciones físicas para ver condiciones de salud, se hacen terapias desde familias para procesos de psicoeducación y acompañamiento; no es un proceso en la nada”.
También criticó que la legislación firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón no considera la opinión de expertos de salud, lo que incluye al secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.
Dos recomendaciones que hizo el secretario —permitir el uso de bloqueadores de pubertad y que quienes hayan comenzado la transición continúen el tratamiento— no se abordaron cuando la ley estaba en trámite, y se aprobó sin ellas.
“Nosotros daremos nuestra recomendación a la gobernadora y, al final, ella decidirá, como es el proceso en todos los proyectos de ley”, expresó el pediatra en conferencia de prensa el 24 de junio.
Con la aprobación de la Ley 63, Puerto Rico se une a al menos 25 estados, según un informe de Human Rights Watch, que, para marzo, han aprobado medidas similares que restringen el acceso a tratamientos de afirmación de género, aunque estas terapias han sido avaladas por múltiples grupos de médicos y pediatras a nivel nacional como local.
Por su parte, la organización True Self Foundation también publicó en redes que la medida “no se basa en evidencia científica, no consulta profesionales de la salud y responde únicamente a agendas políticas que violentan los derechos humanos de las personas de experiencia trans”.
“Las terapias de afirmación de género salvan vidas. Negar acceso a servicios de salud es negar el derecho a existir”, leen las declaraciones oficiales de la entidad sin fines de lucro.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.