Vecinos de las urbanizaciones El Rosario y Alturas del municipio de Vega Baja protestaron este fin de semana contra la construcción de una torre de telecomunicaciones en terrenos donde ubica un mogote.
Los residentes de la zona advirtieron que el proyecto representa “un crimen ambiental atroz” y una “amenaza directa a la salud, seguridad y calidad de vida”.
Ruth Vázquez, portavoz del Comité en Contra de la Antena en El Rosario y Alturas de Vega Baja, denunció que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) otorgó, el pasado 8 de julio de 2025, un permiso de construcción a la empresa QMC Telecom, LLC pese a que el mismo había sido declarado nulo previamente.
Según explicó, durante la Vista de Revisión Administrativa celebrada el 20 y 21 de marzo de 2023, el permiso original fue dejado sin efecto tras constatarse omisiones e irregularidades en el proceso.
La controversia se remonta al 16 de diciembre de 2021, cuando la comunidad fue notificada del proyecto QMC-160 El Rosario, que ubicaría la torre entre las calles Víctor Ruiz Sierra, Oscar Collazo y Calle C. Desde entonces, los residentes han denunciado que los endosos y permisos se gestionaron “de manera arbitraria e incongruente”, utilizando información equívoca y omitiendo datos cruciales sobre el terreno.
Entre las irregularidades presentadas por la comunidad, destaca la ausencia de estudios requeridos para evaluar los riesgos de socavamiento y hundimiento en la zona.
Según Ivelisse Meléndez, directora de Ingeniería y Conservación de Infraestructura del Municipio de Vega Baja, el terreno presenta problemas recurrentes que ameritan mitigación.
Asimismo, el geomorfólogo José Molineli advirtió sobre deficiencias de drenaje y antecedentes de colapsos, como el hundimiento de dos residencias ocurrido en 1987 a tan solo 200 metros del lugar propuesto para la torre.
Los residentes subrayan además que el mogote afectado forma parte de la zona cársica del municipio, caracterizada por su inestabilidad geológica. En la cima del mogote existe una cueva de al menos 12 a 15 pies de profundidad, y según un mapa del Servicio Geológico de Estados Unidos publicado en 2020, el área está clasificada como altamente susceptible a deslizamientos.
Pese a estos hallazgos, OGPe volvió a emitir el permiso de construcción, decisión que la comunidad considera un acto de negligencia y atropello.
“Nosotros vamos a seguir luchando hasta que este proyecto se detenga y este permiso sea cancelado, pues es uno arbitrario que pone en riesgo la flora, la fauna, la salud, vida y propiedad de todos los que residimos en esta zona”, sentenció Vázquez.