El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, calificó como un acto de “insensibilidad y revanchismo” la decisión del secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, y de la gobernadora Jenniffer González, de retirarle fondos federales al municipio de Aguadilla. Esto tras la aprobación de la Ordenanza Municipal 82, mediante la cual el alcalde Julio Roldán declaró a Aguadilla como ciudad santuario, adoptando una política de no colaboración con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Ferrer denunció que la medida tomada por la administración de González responde a una postura ideológica que pone en riesgo la seguridad y estabilidad de comunidades vulnerables. “La administración de Jenniffer González ha tomado la ruta más fría y punitiva: quitarle fondos a una ciudad que, con valentía y humanidad, ha optado por proteger a los más vulnerables en vez de perseguirlos”, afirmó el legislador.
Según trascendió, el Departamento de Seguridad Pública, liderado por Garffer, canceló la asignación de fondos del programa de Operaciones de Seguridad en la Frontera (OPSG, por sus siglas en inglés) dirigidos a la policía municipal de Aguadilla. La razón alegada fue el supuesto “incumplimiento con los principios de cooperación interagencial” requeridos para el manejo efectivo del programa.
Ferrer acusó al gobierno de usar los fondos públicos como mecanismo de castigo político. “No se puede gobernar desde la amenaza ni desde el castigo. Las políticas públicas deben responder al bienestar del pueblo, no a revanchas políticas ni a presiones ideológicas”, sentenció.
Asimismo, cuestionó la consistencia del discurso de Garffer sobre la autonomía municipal. “Hablan de autonomía municipal, pero cuando un alcalde toma decisiones responsables y justas, lo castigan. Hablan de seguridad, pero recortan los recursos de quienes están haciendo su trabajo de forma digna y respetuosa con los derechos humanos”, añadió.
El portavoz cameral reiteró su respaldo al alcalde Julio Roldán y a cualquier municipio que adopte políticas públicas centradas en la defensa de los derechos civiles. “Proteger los derechos civiles y la seguridad de nuestras comunidades no es una postura ideológica; es una obligación moral. Y es evidente que la Gobernadora no lo ha entendido”, concluyó Ferrer Santiago.