Monday, August 4, 2025
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Junta Fiscal evalúa proyecto que ampliaría facultades del Banco de Desarrollo Económico

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que se encuentra en proceso de evaluación del Proyecto de la Cámara 701 (PC 701), una medida legislativa que busca expandir las facultades del Banco de Desarrollo Económico (BDE) para que pueda ofrecer productos financieros directamente a los consumidores, incluyendo hipotecas residenciales, préstamos personales y tarjetas de crédito.

En una carta dirigida a la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, y con fecha del 1 de agosto de 2025, la JSF reconoció haber recibido las preocupaciones del gremio bancario, incluyendo un análisis de impacto financiero y el testimonio sometido a la Cámara de Representantes.

“El Proyecto de la Cámara 701 no fue aprobado antes del cierre de la sesión legislativa del 30 de junio de 2025”, precisó la JSF, al tiempo que recalcó que se encuentra revisando el contenido del proyecto y la información suministrada por la Asociación para determinar los próximos pasos.

Según la Asociación de Bancos, el proyecto se consideraba sin cumplir con los requisitos de PROMESA sobre análisis de impacto fiscal, en específico lo establecido en las secciones 204(a)(1) y 204(a)(5). Estas exigen que toda legislación con efecto presupuestario venga acompañada de una certificación y estimado fiscal.

La comunicación fue firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., quien agradeció la aportación de la Asociación en el contexto de la recuperación económica de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 701 propone enmendar la “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico” con el objetivo de ampliar las facultades del BDE más allá del financiamiento empresarial. De aprobarse, la entidad pública podría autorizar préstamos hipotecarios a individuos para adquirir residencias, emitir tarjetas de crédito, conceder préstamos personales y ofrecer cualquier otro producto financiero dirigido a consumidores en la isla. La medida ha generado preocupación entre el sector bancario privado por el posible efecto que tendría sobre la competencia en el mercado financiero local.



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