El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, arremetió contra el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, luego de la determinación que remueve fondos federales al municipio que se declaró “ciudad santuario” para la comunidad inmigrante en medio de redadas por parte del gobierno de los Estados Unidos.
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A través de declaraciones escritas, Roldán Concepción emplazó al secretario del DSP a que le explique cuáles fueron los criterios para tomar esta decisión, cuál fue el análisis legal que hicieron sobre la ordenanza #82. Al igual que exigió conocer quién brindó la orden a nivel federal para “privar” al municipio de presentar propuestas de colaboración correspondientes a los años 2023 y 2024.
“Mis primeras palabras sobre esta acción es la vergüenza que siento que un funcionario público haya servido de conejillo de india para tomar este claro acto de castigo contra la seguridad de nuestro pueblo y más aún contra la seguridad de nuestras costas, quisiera saber si este señor leyó el acuerdo que el gobierno municipal tiene con el gobierno federal en la cooperación de trabajos de vigilancia nocturna, velando no solo la entrada de indocumentados, sino la entrega ilegal de droga y armas por nuestras playas. Esas funciones han continuado cabalmente todo este tiempo de manera ininterrumpida”, enfatizó Roldán Concepción.
Roldán Concepción la acción por parte del DSP asegurando que recibió la carta de la agencia “sin ningún tipo de análisis ni explicación”.
“Sabemos que las funciones del Departamento de Seguridad Pública tienen como función la administración y coordinación de los fondos federales, no es razón alguna que su único intento para quitarnos los fondos sea la ordenanza #82”, expresó.
“Una ciudad santuario en las jurisdicciones en los Estados Unidos limita su cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente en lo que respecta a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Estas ciudades o jurisdicciones suelen implementar políticas que restringen la colaboración con las autoridades de inmigración, como negarse a detener a personas basándose únicamente en su estatus migratorio, o no compartir información sobre el estatus migratorio de los residentes con las agencias federales. El término “ciudad santuario” no tiene una definición legal precisa, y las políticas específicas varían de una jurisdicción a otra”, explicó el alcalde.
El mandatario municipal también explicó que la ordenanza declara a Aguadilla como una ciudad Santuario y establece una política municipal de protección a las comunidades inmigrantes , con la prohibición de colaboración en temas migratorios arbitrarios sin órdenes judiciales y para la creación de un protocolo municipal para la gestión de solicitudes de información sobre el estado migratorio de ciudadanos por parte de agencias federales .Cientos de jurisdicciones en los Estados Unidos, incluyendo Ciudades, Condados y Estados, se han declarado oficialmente como “Ciudades Santuario”, limitando la cooperación con agencias federales como ICE y CBP en defensa de los derechos civiles de sus residentes.
Según señaló el alcalde, estas acciones no representan una violación de leyes federales, sino el legítimo ejercicio de la autonomía municipal en la protección de su ciudadanía.
“Todos somos testigos de las intervenciones que han venido haciendo las autoridades federales de manera hostil, sin empatía con las personas que intervienen y sin un debido proceso de ley. Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia buscando únicamente que estos procesos se hagan bien y conformes a la ley libre de discrimen y prejuicios. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, subrayó Roldán.La semana pasada se reportó que el DSP removerá fondos del programa Operación Stonegarden (OPSG) al municipio de Aguadilla, luego de que se declarara ciudad santuario.