Un gran jurado federal acusó a varios individuos por un esquema de fraude donde se obtuvieron documentos y se eliminaron multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a cambio de dinero.
La acusación formal incluye 17 cargos contra Juan Carlos Cruz Hernández, Verónica Forte-Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario de participar en el esquema. Tres de los acusados fueron arrestados hoy y tendrán sus comparecencias iniciales ante el juez federal Marcos E. López.
Báez-Flores aún no ha sido arrestada.
Según documentos judiciales, las acusadas Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario eran empleadas del DTOP asignadas a trabajar en los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) ubicados en Caguas y Carolina.
Estas eran responsables de acceder a la información del conductor y del vehículo y, entre otras cosas, poseían la capacidad de eliminar multas al conductor y al vehículo.
Los acusados Juan Carlos Cruz-Hernández y Verónica Forte-Roig negociaron y realizaron pagos de sobornos a Nancy Báez-Flores y Josselyn Figueroa-Rosario a cambio de ciertos actos oficiales, incluido el acceso a información del DTOP-CESCO, la obtención de documentación duplicada y la eliminación de multas a conductores y vehículos.
Desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Nancy Báez-Flores recibió más de $62,000 en pagos de sobornos de parte de Juan Carlos Cruz-Hernández y Verónica Forte-Roig.
Desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Josselyn Figueroa-Rosario recibió más de $7,000 en pagos de sobornos de parte de Juan Carlos Cruz-Hernández y Verónica Forte-Roig.
Muchos de los pagos de sobornos se realizaron directamente a Báez Flores y Figueroa Rosario a través de ATH-Móvil.
“El procesamiento de delitos de corrupción pública, en todos los niveles del gobierno, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía Federal. El soborno de empleados gubernamentales corroe la confianza del público en instituciones vitales y no será tolerado. No a nivel municipal, estatal o federal”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Esta acusación y los arrestos de hoy reflejan otro paso en el enfoque continuo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los criminales que participan en esquemas de soborno ilegal”, añadió.
“HSI se compromete a investigar las actividades de lavado de dinero que representan una amenaza para nuestra economía. Es imperativo priorizar cualquier tipo de corrupción pública que facilite los delitos. Estos empleados no representan a los empleados dedicados del gobierno de Puerto Rico”, expresó Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan.
De ser encontrados culpables, se aplica una pena máxima de cinco años de prisión por una violación de 18 U.S.C. § 371, se aplica una pena máxima de diez años de prisión por cada violación de 18 U.S.C. § 666(a)(2) y (a)(1)(B), y se aplica una pena máxima de veinte años de prisión por cada violación de 18 U.S.C. § 1343, 1346, 1349. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.
Este caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy está a cargo del caso.