La sorpresiva destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por orden del presidente Donald Trump marca un punto de inflexión en el proceso de reestructuración fiscal de Puerto Rico, particularmente en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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El abogado Rolando Emanuelli advirtió que el mecanismo de reemplazo está claramente delineado en la Ley PROMESA y podría derivar en una Junta con mayoría alineada al Partido Republicano. Según explicó, los nombramientos surgen de listas presentadas por los líderes del Congreso y el presidente tiene potestad para incluir un miembro adicional, lo que le daría cinco votos de su preferencia.
“Eso va a ser una mayoría abrumadora, que va a querer llegar a un acuerdo con los buitres más favorable de lo que nosotros podemos pagar”, expresó Emanuelli. También vinculó las destituciones con un supuesto castigo político por la negativa reciente de la JSF a un contrato de gas natural con New Fortress Energy.
Aunque la JSF puede seguir operando con menos miembros, Emanuelli aclaró que no puede iniciar un nuevo caso de quiebra sin el quórum de cinco votos.
Otro punto clave será la continuidad del director ejecutivo Robert Mujica, nombrado bajo la administración Biden. “Cada junta de directores escoge su director ejecutivo. Esa será probablemente la primera decisión que tome la nueva Junta”, añadió.
El abogado John Mudd coincidió en que mientras no se nombren nuevos miembros, el caso de la AEE podría quedar paralizado. “Quedan solamente dos, y no van a tomar decisiones de gran importancia. Se pedirá un ‘stay’ a la jueza Swain”, anticipó. A su juicio, una Junta más conservadora podría inclinarse por cerrar el caso con un acuerdo agresivo o incluso su desestimación.
Por su parte, la abogada Eva Prados denunció como “irregular” el proceso de despido, al señalar que la Ley PROMESA exige “justa causa” para remover a sus miembros. “No sabemos cuál es la razón. Se ha dicho que por costos, pero los miembros no devengan salario”, recalcó.
Según Prados, la movida responde a una agenda política. “La destitución busca reemplazar la Junta con miembros afines a los bonistas para lograr un acuerdo que viabilice aumentos en la luz por los próximos 40 años”, advirtió.
¿Y ahora qué?
La JSF puede continuar tomando decisiones siempre y cuando no se trate de iniciar un nuevo caso bajo Título III, que requiere un mínimo de cinco votos, así lo explicó el licenciado Emanuelli.
El proceso de nombramiento podría tomar entre dos semanas y un mes, si no se ha adelantado. “Cada líder congresional debe someter su lista y el presidente elige. Eso toma tiempo”, explicó Emanuelli.
Mientras tanto, la incertidumbre domina el futuro de la AEE, y expertos coinciden en que la nueva Junta podría definir un rumbo más favorable a los acreedores y al gas natural, en sintonía con la política energética de Trump.