Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que este año vuelve a poner en evidencia la crisis que enfrentan las comunidades amazónicas por la minería ilegal.
Un reciente informe de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) reveló el multimillonario negocio del tráfico de mercurio que sale desde México para abastecer la producción de oro ilegal en la región. Esta práctica, que afecta a los pueblos originarios desde hace décadas, continúa generando graves consecuencias ambientales y sociales.
“La minería ilegal, informal o legalizada y el uso del mercurio están provocando daños devastadores sobre nuestros territorios: degradación de los bosques, contaminación de ríos, peces, aire y suelos, aumento de enfermedades graves, malformaciones y daños neurológicos en niñas y niños”, advirtieron a DW representantes de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO).
“La minería ilegal de oro involucra un proceso que provoca deforestación y remoción de suelos. En este proceso, el mercurio es usado para separar las partículas de oro de materiales rocosos y arenas, tras lo cual es desechado directamente en ríos y liberado al aire en procesos de quema”, recuerda a DW Marcela Añez, coordinadora de Big Win 2:0 minería ilegal de Oro de Amazon Push, una iniciativa regional que busca proteger la Amazonía con la eliminación de la minería ilegal.
“El mercurio es un elemento persistente, por lo que la contaminación está generando zonas de sacrificio ambiental que afectan a los derechos fundamentales de las generaciones presentes y también las futuras”, alerta a DW Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos.
Según las estimaciones de la ‘Evaluación Mundial del Mercurio 2018’, cada año se liberan a la atmósfera entre 2.000 y 2.500 toneladas de mercurio y cerca de 2.000 toneladas al agua y la tierra, siendo las relacionadas con la actividad extractiva las más elevadas. “Se estima que las emisiones (de mercurio) de la minería artesanal y de pequeña escala del oro, la combustión del carbón, la producción de metales no ferrosos y la producción de cemento son de alrededor del 38%, 21%, 14% y 10%, respectivamente”, puntualiza a DW Eisaku Toda, Oficial Superior de Gestión de Programas de la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que regula su suministro, comercio, uso, emisiones, liberaciones, almacenamiento y gestión de desechos y sitios contaminados.
Consecuencias fatales para un problema en auge
Julio Cusurichi, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señala que las consecuencias son fatales para las 2.000 personas que viven en las diez comunidades nativas a las se han otorgado concesiones mineras en Madre de Dios. “En los últimos años, en las muestras de cabello que ha sacado una universidad de Estados Unidos, hemos visto que la mayor parte de los pueblos indígenas hemos tenido mercurio por encima de los límites permisibles”, explica a DW, recalcando las afectaciones a las mujeres embarazadas. “Los niños nacen con algunos problemas de salud”, critica el dirigente indígena del pueblo shipibo, recordando que “desde el año 2002 ha habido un incremento masivo de concesiones mineras dentro de los territorios de las comunidades nativas”.
“La falta de regulación en los mercados globales genera una enorme presión sobre la demanda de oro, lo que se traduce en una presión sobre nuestros territorios”, apuntan desde la AARIMO. Por eso, en el Primer Intercambio de Pueblos Indígenas Amazónicos sobre la Minería Ilegal de Oro y la Contaminación por Mercurio en Leticia (Colombia), reclamaron a los gobiernos fortalecer la cooperación transfronteriza para fiscalizar el comercio de oro y mercurio y asignar presupuestos adecuados para implementar estas medidas con la participación plena de los pueblos indígenas.
Estas acciones se encuentran entre el listado de más de una veintena de propuestas que se elaboraron en el marco del evento, en las que también se incluyen el diseño e implementación de programas en salud física y mental, con enfoque en la toxicología del mercurio, el establecimiento de una red amazónica multicéntrica de monitoreo en salud por exposición al mercurio y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria amenazada por la contaminación de los peces, entre otras.
¿Una oportunidad para rectificar?
Para Orellana, relator especial de la ONU, “el hecho de que el Convenio de Minamata considere la pequeña minería del oro un uso permitido del mercurio es una brecha legal que deriva en graves violaciones de los derechos humanos”.
“El convenio regula el comercio de mercurio en lugar de prohibirlo. El comercio está permitido bajo ciertas condiciones y la prohibición del comercio de mercurio extraído primario para fines de extracción artesanal es solo una de ellas”, puntualiza a DW Lara Ognibene, Oficial Jurídica de la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. “Estas condiciones incluyen el consentimiento de la parte importadora (país), así como el requisito de que la fuente y el uso del mercurio comercializado deben estar permitidos en virtud del convenio”, añade, recordando que se eligió este sistema para permitir a los países “cierta flexibilidad en el tratamiento del comercio de acuerdo con su situación específica de extracción artesanal y en pequeña escala”.
No obstante, Orellana también hace hincapié en otras cuestiones clave. “En la negociación del convenio, la expectativa era la reducción gradual del mercurio disponible en los mercados internacionales”, recuerda. Aunque “el convenio prohíbe nuevas minas de mercurio primario, no anticipaba que las minas existentes aumentaran su producción”, añade, alertando que “el mercurio primario está siendo introducido al mercado internacional por países que no son parte del Convenio de Minamata”.
Una oportunidad para tratar todos estos asuntos es la próxima Conferencia de las Partes (COP), prevista para noviembre, donde se “considerarán las experiencias y los desafíos enfrentados en la implementación de las obligaciones relacionadas con el comercio”, avanza Ognibene. Entre estos se encuentran el comercio ilegal, informal y no declarado a través de las fronteras nacionales, así como el comercio ilegal de mercurio para la extracción artesanal y en pequeña escala.
Para Orellana, “resulta imperativo que la comunidad internacional enmiende el Convenio de Minamata para cerrar las brechas que generan los graves efectos adversos sobre las personas, sus cuerpos y sus fuentes de alimentación”. Para ello, es necesario que uno o más estados lideren un proceso de enmiendas. No obstante, “hasta ahora, ningún Estado ha hecho un anuncio público al respecto”, lamenta.