Monday, August 11, 2025
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PFEI da paso a investigación contra el alcalde de Naranjito

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) autorizó el inicio de una investigación contra el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, por alegadas violaciones al Código Penal de Puerto Rico y al Código Electoral.

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Según se indicó mediante un comunicado de prensa, el PFEI recibió el 22 de julio de 2025 un referido del Departamento de Justicia que recomienda el inicio de una investigación contra el alcalde de Naranjito por alegadas violaciones al artículo 262 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, que tipifica el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y a los artículos 12.2 y 12.6 del Código Electoral de 2020, relacionados con el uso indebido de propiedad y fondos públicos para fines electorales, explicó el PFEI en comunicación escrita.

La investigación se originó a partir de un informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que también recomendó referir el caso a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación correspondiente. Según Justicia, la pesquisa preliminar reveló prueba que vincula al alcalde con el presunto uso de empleados y recursos municipales para actividades políticas.

El panel indicó que designó como fiscales especiales independientes a los licenciados Zulma Fuster Troche y Ramón Mendoza Rosario, quienes tendrán un término inicial de 90 días para completar la investigación.

Se añadió que la resolución del PFEI establece que la investigación deberá abarcar la recopilación y análisis de evidencia documental, declaraciones juradas y cualquier otra prueba que resulte pertinente. Además, instruye a los fiscales a evaluar si existen delitos adicionales y a presentar las recomendaciones que correspondan.

El PFEI recordó que, conforme a la Ley 2-1988, la designación de un fiscal especial independiente no implica la culpabilidad de la persona bajo investigación, sino que busca garantizar un proceso investigativo objetivo y separado del Ministerio Público ordinario, cuando se trata de funcionarios de alto rango.



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