Tras la nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la aprobación de fondos, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico alertó que esta política podría frenar la reconstrucción y poner en riesgo la estabilidad fiscal de los municipios.
“Esta política representa un impacto fuerte en Puerto Rico conociendo la realidad diaria de nuestras comunidades. Lejos de ser un mero trámite administrativo, podría paralizar proyectos esenciales, retrasar pagos a contratistas y poner en riesgo la reconstrucción que con tanto esfuerzo hemos encaminado tras el paso de los huracanes Irma y María”, expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge González Otero
La Asociación de Alcaldes advirtió que el retraso en el flujo de fondos federales podría provocar la pérdida de fondos previamente aprobados por incumplimiento de plazos, atrasos en pagos de fases de construcción que encarezcan las obras, y un impacto negativo sobre la economía local por la reducción de empleos, actividad de contratistas y recaudos municipales por arbitrios de construcción.
González Otero sostuvo que “cada día de retraso en un desembolso puede significar una escuela que no se repara a tiempo o una familia que sigue esperando por un techo seguro. Puerto Rico no puede darse el lujo de que decisiones burocráticas en Washington frenen su progreso”.
COR3 asegura que el impacto será “mínimo”
El director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria Rivera, aseguró que el impacto del nuevo requisito del Departamento de Seguridad Nacional para la aprobación de fondos de reconstrucción será mínimo y que se encuentran trabajando para facilitar el cumplimiento de esta directriz.
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Se trata de una nueva directriz de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que requiere su aprobación personal para todas las compras, subvenciones y contratos que excedan los $100 mil.
En declaraciones escritas enviadas a Metro, el funcionario aseguró que: “El COR3, en alianza con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), tomó acción inmediata para facilitar el cumplimiento del nuevo requisito federal que dispone que toda asignación de fondos de FEMA que supere los $100,000.00 sea aprobada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem”.
Del mismo modo, aseguró que ya se han comenzando a recibir aprobaciones de obligaciones de obras y que el efecto de la nueva directriz será “mínimo”. Igualmente, indicó que las obras ya aprobadas no se verán afectadas.
“Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con las agencias federales para proveer la información necesaria y agilizar la aprobación de estas obligaciones de fondos bajo los programas de FEMA, que respaldan proyectos esenciales para nuestros municipios, entidades sin fines de lucro y dependencias del gobierno. Ya hemos comenzado a recibir aprobaciones de obligaciones de obras, por lo que anticipamos que el efecto del nuevo requisito será mínimo. Los proyectos ya aprobados no se ven afectados por esta directriz y, actualmente, la lista de obras aprobadas y en construcción supera los $5,000 millones de dólares”, expresó Soria Rivera.
Ayer, un total de 15 congresistas, entre los que se encuentra el comisionado residente Pablo José Hernández, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) expresando su preocupación por la nueva directriz.