La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C., Gabriela Boffelli, explicó que el gobierno de Puerto Rico no busca ser eximido del nuevo requisito del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que requiere la aprobación personal de la secretaria de esa agencia para todos los contratos mayores de $100,000. En cambio, lo que se ha solicitado es que los proyectos de la isla sean tratados con prioridad debido a la magnitud de la recuperación que aún continúa tras los desastres naturales sufridos en los años 2017 y 2020.
“Esto es algo que está afectando a nivel nacional. Todos los estados tienen sus distintas situaciones, pero nosotros estamos en una situación particular debido a la devastación de 2017. Por eso estamos enfatizando en la necesidad de que se nos priorice”, puntualizó Bocelli en entrevista con Metro Puerto Rico.
La normativa, que entró en vigor en junio, ha ocasionado que unos 200 proyectos en Puerto Rico estén en espera de aprobación. Sin embargo, según indicó la funcionaria, esto no ha detenido el flujo de más de 12,000 proyectos activos bajo las agencias federales, incluidos FEMA, y muchos están comenzando a ser liberados nuevamente.
“Estamos estresando directamente tanto a FEMA como a la oficina del DHS y a Casa Blanca que se gestionen de manera rápida para continuar la recuperación que le prometimos al pueblo”, indicó Bocelli, al subrayar que la isla ha cortado burocracia a nivel local para acelerar los procesos y que las demoras federales podrían convertirse en un obstáculo.
A juicio de la funcionaria, la intención de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es revisar con detenimiento todos los proyectos a nivel federal para asegurarse de que estén alineados con la política pública del presidente Donald Trump, tras irregularidades reportadas en otras jurisdicciones. “Pero nuestros proyectos no tienen nada que ver con eso”, insistió.
Esta semana, la Asociación de Alcaldes alertó sobre el impacto de la directriz federal sobre los fondos de FEMA. “Esta política representa un impacto fuerte en Puerto Rico conociendo la realidad diaria de nuestras comunidades. Lejos de ser un mero trámite administrativo, podría paralizar proyectos esenciales, retrasar pagos a contratistas y poner en riesgo la reconstrucción que con tanto esfuerzo hemos encaminado tras el paso de los huracanes Irma y María”, expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge González Otero
La Asociación de Alcaldes advirtió que el retraso en el flujo de fondos federales podría provocar la pérdida de fondos previamente aprobados por incumplimiento de plazos, atrasos en pagos de fases de construcción que encarezcan las obras, y un impacto negativo sobre la economía local por la reducción de empleos, actividad de contratistas y recaudos municipales por arbitrios de construcción.
González Otero sostuvo que “cada día de retraso en un desembolso puede significar una escuela que no se repara a tiempo o una familia que sigue esperando por un techo seguro. Puerto Rico no puede darse el lujo de que decisiones burocráticas en Washington frenen su progreso”.
Metro había reportado a inicios de semana que el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria Rivera, veía como mínimo el impacto del nuevo requisito. “El COR3, en alianza con PRFAA, tomó acción inmediata para facilitar el cumplimiento del nuevo requisito federal que dispone que toda asignación de fondos de FEMA que supere los $100,000.00 sea aprobada por la secretaria”.
Del mismo modo, aseguró que ya se han comenzando a recibir aprobaciones de obligaciones de obras.