La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas y endosos digitales para la aprobación del Proyecto de la Cámara 331, una legislación que busca proteger los derechos y la dignidad de las personas migrantes en el archipiélago.
La iniciativa de la organización, que forma parte de la campaña “Migrar no es un crimen”, surge como respuesta a las recientes políticas migratorias discriminatorias e ilegales.
El Proyecto de la Cámara 331, impulsado por la ACLU de Puerto Rico, propone una política pública clara que prohíbe a los agentes de la Policía de Puerto Rico, tanto estatales como municipales, colaborar con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), en redadas y arrestos sin una orden judicial válida. La medida también establece y protege los “lugares sensibles” —como escuelas, hospitales, iglesias, y tribunales— como espacios seguros donde las personas pueden buscar servicios esenciales sin temor a ser detenidas o cuestionadas sobre su estatus migratorio.
La campaña de firmas digitales busca que la Legislatura priorice la aprobación del proyecto. Para facilitar el proceso, la ACLU de Puerto Rico habilitó un espacio en la página web de la organización donde las personas pueden firmar y, al mismo tiempo, enviar un correo electrónico directo a los 51 miembros de la Cámara de Representantes.
“Este proyecto propone reforzar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con un énfasis particular en aquellos espacios que históricamente han sido reconocidos como lugares sensibles”, subrayó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.
En el correo, la organización destaca la urgencia de la legislación, señalando que las políticas federales en curso han aumentado drásticamente los arrestos de inmigrantes, principalmente aquellos sin antecedentes criminales, violentando el debido proceso de ley y la seguridad pública de todas las personas. La ACLU de Puerto Rico argumentó que cuando las comunidades locales temen interactuar con la policía por su estatus migratorio, se socava la confianza y se impide la denuncia de crímenes, poniendo en riesgo a toda la población.
“La participación policial en la aplicación de la ley de inmigración federal también desvía los escasos recursos de las necesidades locales”, señala el correo que cada persona puede enviar a los representantes con su firma. “Es indispensable que Puerto Rico reafirme la inviolabilidad de los derechos y la dignidad de las personas migrantes mediante legislación”, sostiene el escrito.
La recolección de firmas se activó hoy, coincidiendo con el inicio de la 2da sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, y estará vigente hasta que el Proyecto de la Cámara 331 sea considerado. La medida fue radicada en febrero de 2025 y referida a las comisiones de Gobierno y de lo Jurídico. La organización instó a las personas a visitar el sitio web para firmar y apoyar la legislación que reafirma la inviolabilidad de los derechos humanos en Puerto Rico.
Esta iniciativa también surge en momentos en que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI San Juan) reveló datos que apuntan a que solo el 12% de los migrantes arrestados en Puerto Rico contaban con récord criminal. “En cumplimiento con la Orden Ejecutiva del Presidente, ICE HSI San Juan ha arrestado a 1,004 personas hasta la fecha. A través de la colaboración con nuestros socios de ley y orden, continuamos cumpliendo nuestra misión de proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad pública”, lee una publicación de la agencia federal. Agregaron que de los 1,004 migrantes apresados, 123 fueron por casos criminales (12 %) y 881 (88 %) por casos administrativos.
Ante esos arrestos, la campaña “Migrar no es un crimen” se produce en colaboración entre Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la ACLU de Puerto Rico, en respuesta al alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de este año, que ha resultado en al menos 1,004 detenciones. De ese total, 881 personas (88%) no tienen récord criminal.